El Régimen Económico y Fiscal (REF) llega a la treintena como el arma más poderosa con que cuenta Canarias para combatir la crisis del coronavirus. El lunes se cumplieron 30 años desde que la Ley 20/1991 de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del REF, pusiera los cimientos de la constitución económica de la Comunidad Autónoma. Una ley que en realidad no fue de modificación sino de creación de un nuevo régimen: el REF europeo, el que tras sucesivos cambios y mejoras ha traído consigo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) o la Zona Especial Canaria (ZEC). Con muchas luces y algunas sombras a sus espaldas, el moderno REF –muy lejos quedan las exenciones tributarias del siglo XVI y algo más cerca, los puertos francos y la ley de 1972, aún en la dictadura, que dio lugar al término Régimen Económico y Fiscal– está en condiciones para ser el bastión de las Islas contra las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Pero el bastión debe reforzarse, y los Gobiernos canario y español –sobre todo este último– una vez más están tardando demasiado en introducir las modificaciones necesarias para contener el deterioro económico y mitigar las altísimas cifras de desempleo.
Orlando Luján, socio-director del despacho Luján Asesores y miembro del comité científico de la Cátedra del REF –constituida en 2014 por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Círculo de Empresarios de Gran Canaria para el análisis y la evolución del Régimen Económico y Fiscal–, resume con una frase la importancia de este instrumento para el futuro del Archipiélago: «O habrá REF o no habrá economía». «El REF deberá ser eterno», agrega el experto, «porque la realidad es que no nos vamos a acercar más a Cádiz». Y justo esa lejanía respecto de la Península y del continente europeo es uno de los hechos que justifican el REF, un régimen que compensa los sobrecostes estructurales que padecen las empresas y ciudadanos de las Islas. Por eso los tipos del IGIC son más bajos que los del IVA peninsular; por eso existe una ZEC que permite a las empresas bajo su paraguas tributar al 4% por el Impuesto sobre Sociedades; por eso hay una RIC que promueve la inversión y la reinversión en el Archipiélago; y por eso los exportadores canarios tienen derecho a que se les compense el sobrecoste que les supone llevar sus mercancías y productos hasta el continente.
Todo lo anterior explica por qué ni uno solo de los expertos consultados cuestiona la importancia que ha tenido el REF para el progreso de la Comunidad Autónoma. «Indudablemente, ha contribuido al desarrollo económico de Canarias», explica la abogada Estrella Martín, socia de Atrium Asesores Tributarios, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEAF) y miembro también del comité científico de la Cátedra del REF. «El REF fiscal ha sido en estos años el más potente instrumento de capitalización y modernización del tejido empresarial canario», añade por su parte Antonio Viñuela, socio responsable de la oficina de Garrigues en el Archipiélago. En definitiva, una herramienta vital para el establecimiento y mantenimiento de empresas y para la creación de puestos de trabajo, una herramienta que atiende al principio de solidaridad entre las nacionalidades y regiones españolas y reconocida y amparada por la Unión Europea. «No creo que pueda existir una Canarias sin REF», expone la doctora en Derecho y experta en fiscalidad Sonia Mauricio.
La importancia capital del REF no obsta, sin embargo, para que los expertos reconozcan que ni es perfecto, ni se le ha sacado todo el jugo posible –como evidencia el alto desempleo crónico que caracteriza al Archipiélago–, ni por sí solo va a sacar a las Islas del atolladero en que las han metido el coronavirus y la paralización de su motor económico: el turismo.
En cuanto al pasado reciente, es decir, a ese desempleo crónico anterior a la pandemia, a los bajos salarios o a los problemas de la economía regional para redistribuir la renta, Estrella Martín explica que «por supuesto» que se le podría haber sacado al REF mayor partido en términos sociales, sobre todo porque «no se ha fomentado suficientemente la creación de empleo», algo «fundamental para una mejor redistribución de la riqueza». No obstante, Antonio Viñuela cree que también en lo relacionado con la redistribución de la renta el REF tiene más cosas en el haber que en el debe. «El haber del REF fiscal como creador de riqueza, en definitiva de crecimiento económico, y de distribución de la misma entre la sociedad pesa mucho más que el debe», ahonda el responsable de Garrigues en la región. En última instancia, Orlando Luján asegura que si no hubiera REF, «habría más pobreza».
Momento crucial
Al hilo de lo anterior, y precisamente cuando la crisis del coronavirus y el crac turístico amenazan con disparar el paro y el número de personas pobres y en riesgo de pobreza, los cuatro integrantes del comité científico de la Cátedra del REF –los cuatro, por tanto, entre los principales expertos en la materia– coinciden en que el fuero autonómico puede ser la tabla de salvación frente a la crisis. Pero para ello debe adaptarse «ya» a las circunstancias.
El 12 de abril del año pasado –menos de un mes después de que se decretara el estado de alarma nacional para contener el avance del virus–, la Cátedra del REF publicó un informe, actualizado el 12 de mayo, en el que identifica las modificaciones necesarias para que el Régimen Económico y Fiscal pueda, efectivamente, ser el arma que permita a las Islas «superar las devastadoras consecuencias de la pandemia». Hoy, un año y tres meses después, los cambios aún no se han producido. «¿Se ha adaptado el REF al coronavirus? No. ¿Se debería haber adaptado ya? Sí», se pregunta y responde el director de Luján Asesores.
El también profesor del máster universitario en Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial pone un claro ejemplo de lo que implica la tardanza en actualizar la normativa. Hay una serie de beneficios fiscales a los que las empresas pueden acogerse –como los de la RIC, por ejemplo– si cumplen determinadas condiciones relacionadas con la creación o el mantenimiento del empleo. Muchas firmas apostaron así por la RIC y suscribieron esa promesa de conservación de los puestos de trabajo, pero entonces llegó la pandemia, y con esta y la posterior paralización del turismo esas mismas empresas se han visto obligadas a reducir su actividad al mínimo o incluso al cierre temporal. En consecuencia, muchos de sus empleados han estado y aún están en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). En términos estrictos, por tanto, el compromiso no se ha cumplido, pero no se ha cumplido por circunstancias extraordinarias que, en buena lógica, deberían eximir a las empresas de la obligación. Sin embargo, una cosa es la lógica, como precisa Luján, y otra es que esta, para tener efectos, debe ponerse por escrito. Y todavía no se ha hecho. «Deberíamos haberlo aclarado desde hace un año», lamenta.
El ejemplo del experto en fiscalidad sirve a su vez de ejemplo de uno de los eternos problemas del REF, o más bien de la gestión del REF: la incertidumbre e inseguridad jurídica que en muchas ocasiones han generado la tardanza en su actualización y los olvidos del Gobierno central de turno, que más de una vez ha modificado el sistema tributario español sin tener en cuenta las singularidades fiscales del Archipiélago.
Ahora, cuando es necesario precisar y modificar el régimen cuanto antes, el Ministerio de Hacienda sigue sin mover ficha. «Es necesario adaptar el REF a las nuevas circunstancias económicas, políticas, sociales y hasta sanitarias, como hemos visto con la pandemia», pide Sonia Mauricio, que añade que hay que «revitalizar la capacidad de recuperación de empleo de la RIC, la ZEC y la deducción por inversiones». Para evitar despistes y demoras, Luján exhorta a crear una comisión permanente Canarias-Estado para el seguimiento de todo lo que afecte al REF, de modo que no haya que recordar que las Islas tienen un régimen especial cada vez que se revise un tributo o se modifique un incentivo.
