El Estado mantiene su intención de que el personal temporal que trabaja para la Administración estabilice sus puestos a través de un concurso-oposición a pesar de las protestas de los empleados públicos interinos de Canarias y de otras comunidades, que reivindican permanecer en sus plazas sin ningún tipo de prueba o solamente con la presentación de méritos y experiencia laboral. Buena prueba de ello es la publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la convocatoria de procesos selectivos para diferentes cuerpos y escalas de la Administración General del Estado, entre las que figuran cerca de 1.500 plazas de estabilización para empleados temporales, que tendrán que pasar por un examen y después acudir al concurso de méritos para consolidar sus empleos.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública introduce en la convocatoria algunas novedades que suponen más facilidades para los empleados temporales frente a los que concurren desde fuera. Los exámenes tanto del ingreso libre como de la estabilización de empleo temporal se celebrarán el mismo día y a la misma hora, lo que favorece que los aspirante del turno libre se vean obligados a no presentarse a este examen, que es más sencillo y con menos temas que el del ingreso libre, porque en el apartado de méritos tienen más puntuación los que ya trabajan para la Administración.
Sin embargo, la prueba sigue siendo eliminatoria para todos y los empleados temporales que no superen el examen corren el riesgo de quedarse sin trabajo, pese a los años acumulados trabajando para la Administración.
Mientras que en el Estado estos procesos de estabilización y consolidación de los puestos temporales se han ido desarrollando y en otras comunidades autónomas también se han convocado, en Canarias están suspendidos tras el intento que hubo en 2019 y en 2020 de ponerlos en marcha por parte del actual Gobierno autonómico. La convocatoria que se publicó ayer en el BOE forma parte de procesos selectivos de años anteriores, concretamente de las ofertas de empleo público de 2019 y 2020 y de los procesos de estabilización de los años 2017 y 2018 acordados entre el Gobierno central y los principales sindicatos con representación nacional.
Canarias es una de las comunidades autónomas que incumplen el mandato de estabilizar los puestos temporales a través de procesos extraordinarios de estabilización. El Estado no solo mantiene estos procesos, firmados por el anterior Gobierno del PP, sino que propone uno nuevo para aquellos empleados que llevan más de tres años anteriores a 31 de enero de 2020. Todo indica que la nueva convocatoria tendrá unas características similares a las de los años anteriores, es decir, que se mantendrá la fórmula del concurso oposición con unas bases que sean flexibles para los empleados que están dentro de la Administración con menos temas en la prueba escrita y un sistema tipo test para facilitar las respuestas.
Las intenciones del Ministerio de Política Territorial chocan frontalmente con las plataformas de empleados públicos interinos y temporales tanto a nivel estatal como en Canarias, que defienden la permanencia en sus puestos hasta la finalización de la vida laboral. El Gobierno canario y los sindicatos convocantes del conflicto laboral estudiarán las plazas ocupadas por los trabajadores que se encuentran en abuso de temporalidad y buscarán fórmulas jurídicas de estabilización. Sin embargo, al margen de las decisiones políticas que se adopten, la fractura sindical está también en el trasfondo de un problema en el que los sindicatos nacionales van por un lado y los canarios, por otro.
El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, y el consejero de Justicia del Gobierno regional, Julio Pérez, mantuvieron ayer una reunión donde ambos realizaron un repaso general a los asuntos comunes.
