Los trabajadores temporales de la Administración autonómica seguirán sin horizonte para poder beneficiarse de los términos en que se alcanzó el acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno de Canarias para dar estabilidad a sus puestos y convertirlos en fijos. No hay por ahora ninguna intención del Gobierno central de permitir acuerdos territorializados para acabar con el abuso de temporalidad laboral en las administraciones y eso implica que mantiene el veto para que se firme el acuerdo que se alcanzó en las Islas hace tres semanas y que el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ordenó paralizar en el último momento.
Iceta dejó bien claro ayer en el Congreso que es su departamento el que debe pilotar ese proceso y que el acuerdo al que conduzca la negociación tendrá que ser de ámbito estatal. Así lo señaló ayer en la Cámara Baja en respuesta a una pregunta de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que reclamaba «regularizar la situación de los trabajadores temporales o que dé vía libre a las comunidades autónomas» para dar una salida definitiva a una situación que no se puede seguir manteniendo en el tiempo y que calificó de «inaceptable».
Iceta, sin embargo, afirmó que «en Canarias se van a llevar los mismo procesos de estabilización y en los mismos términos que en el resto de España», apelando en este sentido a los «principios de igualdad, mérito y capacidad» con que se rige en la Constitución el acceso a la función pública, aunque también, aseguró, «desde el máximo respeto a la experiencia acumulada por miles y miles de trabajadores públicos que se encuentran en situación de interinidad». El ministro catalán insistió en su objetivo, expresado en distintas ocasiones desde que accedió al cargo a finales de enero en sustitución de la canaria Carolina Darias, situar la tasa de temporalidad en las administraciones por debajo del 8 % «en el horizonte del 2024», un compromiso, resaltó, «que asumimos en el marco del diálogo social en negociación con los sindicatos, en coordinación con todas las comunidades autónomas y con las entidades locales».
Iceta insistió en defender su idea «de que la función pública debe regularse con los mismos criterios para toda España» y aseguró que «esa es la función de este Ministerio, y la va a ejercer», antes de señalar que el Gobierno central se compromete a «estabilizar hasta 2024 a 300.00 personas». A partir de ahí, el ministro recordó que las administraciones autonómicas son las que más abusan de los contratos temporales, con un 37,90 %, muy por encima del 13,10 de las entidades locales y del 7,90 % del Estado, y que Canarias es justamente la de mayor porcentaje de personal interino. En este punto y en cierto tono de reproche, recordó a Oramas que esa situación en la Administración canaria «no es de ayer», sino que «viene de bastante tiempo y usted pertenece a un partido de gobierno en Canarias que algo debe saber de ello».
«Lo que vamos a hacer es ayudar a los sindicatos, a las comunidades autónomas y a las entidades locales a buscar la mejor solución a este problema», afirmó el ministro, quien además agradeció al Ministerio de Hacienda la «generosidad» que representa el hecho de que se vaya a permitir «una utilización flexible de la tasa de reposición». Iceta eludió de nuevo en todo caso explicar o valorar el contenido del documento que ha puesto sobre la mesa de negociación con los sindicatos y cuyo planteamiento es que, para evitar el estancamiento de la eventualidad, cualquier interino que entre en la Administración y acumule más de tres años en una misma plaza sea cesado automáticamente al exceder ese plazo. Esta primera propuesta excluye a los eventuales que ya estén ocupando una plaza y no incluye ningún derecho a indemnización para los hipotéticos futuros cesados .
Solución definitiva
Ana Oramas, por su lado, reprocha al ministro que centrara su respuesta en lo que «van a hacer con los trabajadores temporales contratados en un futuro, pero no aclaró cómo van a solucionar la situación de los que llevan años prestando servicio a la Administración pública de forma irregular». La diputada tinerfeña exigió al ministro «una solución definitiva» que, expuso, «pasa por ofrecerles una permanencia garantizada en sus puestos de trabajo a término, es decir, hasta el final de su vida laboral», citando en este sentido la propuesta de la expresidenta del Tribunal Constitucional, Emilia Casas, en un informe que permitía convertir a estos empleados en personal fijo a extinguir.
«Solo de esta forma estaríamos haciendo justicia no solo con el personal interino sino con los más de 30.000 empleados públicos que tiene la Administración autonómica de Canarias en precariedad e inestabilidad en el desempeño de sus funciones», recalcó la portavoz de CC en el Congreso, quien apeló a «la responsabilidad» del titular de Función Pública para corregir «el abuso de la temporalidad de las administraciones públicas, en general». Asimismo, recordó que «estamos hablando de médicos, enfermeras, maestros, técnicos administrativos o auxiliares que han sido, además, fundamentales en este tiempo de pandemia».
Oramas enfatizó sobre el hecho de que el «70% de los trabajadores públicos en precario son mujeres que, en muchos casos, llevan hasta 20 años trabajando en situación irregular en los servicios públicos» e insistió en la necesidad de dar ejemplo, ya que, «lo que se está permitiendo a las administraciones públicas no se le permitiría a las empresas privadas». En este contexto, la portavoz se refirió a la normativa comunitaria, a la que calificó de «muy clara», al prohibir el abuso de la contratación temporal sucesiva del personal público, «situación que se produce cuando se destina a empleados públicos temporales a atender necesidades que, de hecho, no son provisionales ni puntuales».
La diputada nacionalista reclamó a Iceta «una solución de justicia inmediata para tantas miles de personas afectadas», al tiempo que recordó que el Gobierno de Canarias comenzó las negociaciones con el personal en fraude de ley en las Islas, «negociaciones que culminaron en un principio de acuerdo entre trabajadores y Comunidad Autónoma y que fueron interrumpidas por instrucciones del Ministerio de Función Pública».
Posiciones encontradas
Las declaraciones del ministro de Política Territorial y Función Pública son un jarro de agua fría para el acuerdo al que se había llegado entre el Ejecutivo regional y los sindicatos Sepca, Intersindical y Co.Bas para la permanencia de los más de 3.000 empleados de la Administración General que se encuentran en situación temporal o interina. Pendientes todavía del informe jurídico encargado por la Consejería de Administraciones Públicas, el comité de huelga que lidera las movilizaciones de estos trabajadores desconfía tanto del Estado como también del Gobierno regional y advierten con llevar este asunto a todas las instancias posibles, incluido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta posición contrasta con los sindicatos mayoritarios a nivel nacional –UGT, CCOO y CSIF–, que comenzaron esta semana a negociar en Madrid con el Ministerio y cuestionan la solución canaria.
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias, Francisco Bautista, es contundente en sus críticas al preacuerdo al que habían llegado una parte de los sindicatos de la función pública y el Gobierno regional: «Están vendiendo humo y engañando a los trabajadores con soluciones que no se ajustan a la legalidad vigente, nosotros abogamos por una solución eficaz, legal y segura». Bautista asegura que la reparación a tantos años de temporalidad de los empleados públicos solo puede venir del Estado, con una reforma legal que sea constitucional para que no sea impugnable ante la Justicia y que sirva para todas las administraciones públicas tanto estatal, como autonómicas y locales.
Esta semana se iniciaron las negociaciones en la mesa de empleados públicos a nivel estatal y el objetivo es que antes de finalizar junio haya un acuerdo que incluya no solo la reforma del Estatuto del Empleado Público para evitar nuevas situaciones de abuso de temporalidad en el futuro, sino también darle una salida definitiva a los miles de interinos actuales. «Nosotros no le vamos a mentir a nadie con soluciones populistas que venden humo, las plazas no se las van a dar por la cara a nadie porque las reglas de juego son las que son y es una competencia exclusiva del Estado, la solución no es canaria sino nacional», aseveró el dirigente ugetista. Bautista también recriminó al PSOE canario que intente «engañar» a los empleados públicos canarios «por un puñado de votos» y exigió a los socialistas canarios que presionen a su partido en Madrid para que aprueben una solución segura y legal para todos los empleados.
Por su parte, el portavoz de Sepca, Manuel González, asegura que Canarias puede aprobar la permanencia de estos trabajadores sin chocar con la legislación básica estatal y criticó al ministro Miquel Iceta por imponer su criterio sin escuchar aún a la Comunidad Autónoma. Los sindicatos con representación en las Islas advierten con llegar al Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo y la Fiscalía del tribunal europeo porque consideran que el Gobierno central está vulnerando las sentencias europeas sobre la precariedad en las administraciones públicas.
González está a la espera del informe jurídico pero avisa que el comité de huelga sigue en la tesis de la permanencia de los interinos en sus puestos hasta que se extingan los contratos por jubilación o baja y que las plazas que se oferten en las oposiciones no sean las estructurales que ya ocupan el personal en abuso de temporalidad. «Los procesos de estabilización son potestativos», recuerda.
