Canarias recaudó en 2020 563 millones de euros menos en relación al año precedente como consecuencia de la pandemia, pero aun así gastó 400 millones de euros más de lo que había presupuestado para ese año gracias a los fondos recibidos por el Estado y Europa, según los datos expuestos en comisión parlamentaria por el consejero de Hacienda, Román Rodríguez.
Para 2021, la Comunidad Autónoma dispondrá de 2.000 millones de euros adicionales a su presupuesto, entre ellos los 1.144 millones para ayudas directas a autónomos y pymes afectados por la crisis, que sumarán 3 puntos al PIB de las islas, dijo Rodríguez.
El también vicepresidente recibió las críticas de la oposición (CC, PP y Cs), que le acusó de haber terminado 2020 con un superávit de 232 millones de euros pese a las necesidades sociales existentes y de tener intención de subir los impuestos, como ya se hizo el año pasado, en el que no se perdonó "ni un euro" a empresas y ciudadanos.
El responsable de Hacienda calificó de "simplificación y manipulación" que se le acuse de terminar el año con superávit cuando en 2020 se ejecutó un 104% del presupuesto inicial y cuando esos 232 millones están todos comprometidos, puesto que gracias a que ya no se aplica la regla de gasto no hay que destinarlo a deuda como ocurría con los superávit de 2017, 2018 y 2019.
Rodríguez anunció que a finales de este mes se transferirán 69 millones de euros adicionales a las corporaciones locales de las cantidades a cuenta del bloque de financiación autonómica.
Detalló que en 2020, el retroceso en la recaudación de los impuestos cedidos y propios con respecto a 2019 fue de 206 millones de euros y la bajada en el bloque de financiación canario (IGIC, AIEM, Matriculación...), de la que se nutre en un 42% la comunidad autónoma y en un 58% las corporaciones locales, fue de otros 357 millones.
La pérdida de ingresos estuvo alrededor del 20%, en línea con la caída del PIB, pero en ese contexto se consiguió aumentar el gasto gracias al cambio de políticas fiscales de la Unión Europea y el Estado, que apostaron por medidas expansivas para combatir la mayor crisis económica y social de la historia reciente, dijo Rodríguez.
Rosa Dávila, de CC-PNC, acusó al Gobierno de Canarias de subir los impuestos en 2020, de acabar el año con superávit y de no compensar a las corporaciones locales por la caída de sus ingresos, como sí hizo el ejecutivo español con la comunidad autónoma.
Además, denunció que los planes de los gobiernos de España y de Canarias pasan por subir los impuestos en plena crisis.
Fernando Enseñat, del PP, también acusó al ejecutivo de querer subir los impuestos cuando en su opinión lo necesario es bajarlos, gestionar mejor, luchar contra la economía sumergida y priorizar el gasto.
Vidina Espino, de Ciudadanos, acusó al Gobierno de Canarias de subir la fiscalidad en 2020, acabar el año con superávit y de "no perdonar ni un euro en impuestos" ni a ciudadanos ni a empresas.
La diputada de Cs también denunció que entre los planes para gastar los 630 millones de euros de los fondos europeos React EU esté la construcción de dos búnkeres para los servicios de emergencias en casos de lluvias torrenciales, terremotos y otras catástrofes, cuando las necesidades sociales son otras en estos momentos.
Al respecto Román Rodríguez situó esas infraestructuras dentro de la necesidad de mejorar la seguridad pública, pero subrayó que además el React EU irá a sanidad (170 millones) y educación, empleo y políticas sociales (120 millones) además de a sufragar las ayudas directas a las pymes y autónomos que está adelantando el Gobierno de Canarias.
Esas ayudas directas por 85 millones de euros, subrayó el vicepresidente, se están tramitando de forma rápida y diligente y se han empezado a pagar 25 días después de haber salido la convocatoria, que se cierra esta semana, aunque la seguirán los 1.144 millones consignados por el Estado.
Rodríguez defendió que esas ayudas directas estatales y autonómicas son la mejor respuesta posible para paliar los daños de la crisis en las empresas, y no "protocolos" específicos para cada isla o sector económico en función de las restricciones a las que obligan los niveles de alerta, como pidió la diputada de CC-PNC Rosa Dávila.
Dávila defendió que se active un protocolo cada vez que se aplique el nivel de alerta tres o cuatro en una isla para compensar directamente a los sectores afectados por las restricciones, como la hostelería, que vive "una situación desesperada".
El consejero defendió además el decreto del Gobierno para organizar internamente la administración autonómica para la tramitación rápida y diligente de los fondos europeos, como hacen todas las comunidades y países, frente a las acusaciones de oscurantismo y opacidad del diputado del PP Fernando Enseñat.
El representante del PP dijo que con esa organización, el Gobierno de Canarias no responde más que ante sí mismo en la gestión de los fondos, de la que excluye como participantes a expertos, universidades, agentes sociales e incluso a las fuerzas políticas firmantes del plan de reactivación de Canarias.
