Montero congela la adenda de 405 millones del convenio de carreteras

Ambos pusieron ese día, junto al consejero de Transportes del Gobierno regional, Sebastián Franquis, un aparente punto final a la negociación sobre cómo el Estado pagaría la deuda de alrededor de 1.000 millones a que le obligaban las sentencias que al respecto dictó hace tres años el Tribunal Supremo.

Sin embargo, más allá de las dudas sobre cómo se pagarían los otros en torno a 500 millones no incluidos en la mencionada adenda del convenio, los trámite para la confirmación de ese acuerdo entre Torres y Ábalos se están demorando y retrasando la firma de la mencionada adenda, que ambos dirigentes pretendían hacer en Canarias en pocas semanas después de su reunión de marzo.

Así, una respuesta remitida a las Cortes por el gabinete de Ábalos señala que “se están estudiando los términos de la nueva adenda, que es necesario tramitar, al convenio de 2018 en materia de carreteras con el Gobierno de Canarias”, añadiendo que “es necesario analizar con el Ministerio de Hacienda el incremento del importe total del convenio suscrito el 22 de diciembre de 2018, según la propuesta realizada por el Gobierno de Canarias”.

Según esta respuesta, no solo no hay fecha para la firma de la ampliación del convenio, que Franquis situó en su día para “poco después de Semana Santa”, sino que esos 405 millones adicionales no tienen aún el visto bueno de la ministra Montero. Además, el hecho de que se atribuya únicamente al Gobierno de Canarias la propuesta de ampliación del convenio da a entender que ni siquiera el Ministerio de Transportes la asume como propia y de manera compartida.

La respuesta parlamentaria a una pregunta escrita del senador de CC Fernando Clavijo, –”¿cuándo prevé el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana firmar la adenda del convenio de carreteras ’pactada con el presidente de Canarias el día 2 de marzo”– , mantiene por tanto abierto, al menos aparentemente, este largo proceso de revisión del convenio de mejora y construcción de las vías isleñas para dar cumplimiento por parte del Estado a la deuda de más de 1.000 millones que, según las mencionadas sentencias del Supremo, debía abonar a la comunidad autónoma por incumplimiento de los acuerdos pactados entre ambas administraciones.

La consejería de Transportes del Ejecutivo regional restaba ayer importancia al bloqueo del acuerdo en el Ministerio de Hacienda y señalaba sin embargo que esa respuesta parlamentaria lo único que hace es dar cuenta de “un procedimiento habitual en este tipo de acuerdo o convenios que implican gasto económico” para la Tesorería del Estado, algo que ya se explicó en marzo. Añade el gabinete de Franquis que el Ministerio de Transporte mantiene a la consejería “puntualmente informado” al respecto, aunque ello no alcanza ahora para poner fecha a la firma de la adenda.

Según comentó el presidente regional tras su mencionada reunión con Ábalos, con el acuerdo alcanzado ese día “queda despejado el horizonte financiero del convenio de carreteras” y asegurada una ejecución de obra anual que permitirá cumplir el objetivo de haber gastado en el plazo establecido en el propio acuerdo toda la inversión prevista.

Torres aseguró además entonces que “en el verano de 2019 recibíamos un problema no resuelto de 1.000 millones de deuda en carreteras, 500 millones que han ido a superávit y otros 500 millones a discutir con el Gobierno de España, y a día de hoy ya tenemos resueltos 600 de ellos, los 500 de la adenda, y los 100 millones que, con la supresión de las reglas fiscales, ya se incluyen para gasto corriente del Gobierno para este año”. Añadió que “trabajaremos con el Ministerio de Hacienda para buscar solución a los otros 400 que restan”.

El autor de la pregunta al Ministerio de Transportes, el senador Clavijo, interpreta que la respuesta recibida indica que “no hay garantía aún de que lo que el Gobierno de Canarias anunció en su día se vaya a cumplir, sino que está todo pendiente del Ministerio de Hacienda, incluida la aceptación de esos más de 400 millones adicionales que en teoría habían pactado”. Según el dirigente nacionalistas, “si estuviese tan hecho como el Gobierno canario dijo, la respuesta tendría que ser muy distinta, especificando la partida, los detalles y un plazo para la firma”.

CC exige cumplir la sentencia

“El Gobierno de Canarias no solo no exige que se cumpla una sentencia de un dinero que es tuyo, sino que además va mendigando ofreciendo un aplazamiento, algo incomprensible cuando se tiene una sentencia firme del Supremo”, resalta el líder de CC.

Según el dirigente nacionalista, “es un elemento más que demuestra la sumisión del Gobierno de Canarias al Gobierno central”, y exige “que se cumpla la sentencia y que transfieran los más de 1.000 millones a Canarias en este momento de tanta necesidad”. Clavijo asegura que para ello “no hay que firmar ninguna adenda, ni negociar nada, hay una sentencia firme que obliga al Estado a pagar y que debería conllevar una dotación de crédito por parte de Hacienda y transferir el dinero de manera inmediata y automática, no hay que hacer ningún expediente administrativo”.

El anterior consejero de Transportes del Gobierno regional de CC y quien firmó con Ábalos el actual convenio, Pablo Rodríguez, considera que la adenda con la que se inyectarían 405 millones más hasta 2027 implica de facto la ‘condonación’ de los 400 millones que aún quedan por pagar de los que la Comunidad Autónoma adelantó en esos años para concluir vías ya en marcha. Según él, el acuerdo alcanzado entre el actual Ejecutivo regional y el Ministerio de Transportes es una especie de “punto final” como el que el Estado ya intentó imponer en diciembre de 2018 a través de un acuerdo extrajudicial por el que Canarias renunciaba a cualquier otro procedimiento sobre los otros 500 millones de deuda que quedaban pendientes y que entonces se rechazó.

Rodríguez calificó en su día de “timo de la estampita” ese pacto porque “no da garantías de que se puedan cobrar lo que está reconocido por sentencias judiciales”. Además, considera que incorporar la financiación que el Estado adeuda en los dos ejercicios siguientes al plazo del actual convenio “supondría librar al Gobierno de España de dotar a Canarias de nuevos fondos durante los años 2026 y 2027, porque el montante que pretenden incorporar ya nos corresponde por sentencia judicial”.