El Gobierno de Canarias tardará aún diez días en aprobar el decreto que regula el reparto de las ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis provocada por el coronavirus. El Ejecutivo ya ha liberado los 165 millones necesarios para sufragar estas subvenciones a las pymes y autónomos que han sufrido pérdidas debido a las restricciones aplicadas para luchar contra la pandemia, pero todavía no se ha precisado en qué fecha podrán recibir el dinero los afectados.
El portavoz del Gobierno regional, Julio Pérez, no se atrevió ayer a hablar de plazos en la concesión de estas ayudas por temor “a incumplirlos”, pero apuntó que se está tratando de agilizar al máximo el proceso y que para ello se contará con la ayuda de alguna institución externa que facilite el procedimiento a los demandantes. El objetivo, según aseguró Pérez, es tratar de evitar los retrasos que ya se produjeron en la convocatoria de ayudas a los autónomos articulada durante el primer estado de alarma y cuya resolución e ingreso se alargó durante meses.
El Gobierno de Canarias anunció el pasado 19 de enero un plan de rescate para la hostelería, así como para pymes y autónomos que se hayan visto afectados por las limitaciones a su actividad impuestas por la Covid-19. Entre ellos se encuentran los que trabajan en sectores como el turismo, el comercio o los centros deportivos. La iniciativa incluye 165 millones de ayudas directas y también el aplazamiento de tributos por valor de 235 millones de euros. El plan llegó después de que los empresarios demandaran durante semanas la necesidad de obtener ingresos directos para poder salvar sus negocios.
Casi un mes después de este anuncio, el Consejo de Gobierno aprobó ayer la liberación de esos 165 millones. Según explicó Pérez, 80 millones proceden de remanentes de Tesorería, mientras que el resto los aporta la Consejería de Hacienda en dos partidas.
Aunque Pérez no aclaró los criterios de reparto, sí explicó que se intentará que el procedimiento sea ágil, para que los fondos lleguen a los afectados lo más pronto posible, si bien determinó que siempre se deberá cumplir con la “exigente” normativa española y europea y con los criterios de la Intervención de Hacienda. Pérez aseguró que se intentará que “las subvenciones se gestionen en un único procedimiento para que se reciban lo antes posible”.
El portavoz del Gobierno incidió en que los criterios de reparto de estos 165 millones serán “objetivos” y “justos” y que estarán vinculados al impacto que han tenido las decisiones restrictivas para frenar el avance del virus. “No se trata de dispensar dinero, sino de llegar a quienes más han sufrido las restricciones”, matizó.
De esta manera, apuntó que previsiblemente se determinará un nivel de pérdidas objetivas para poder acceder a estas ayudas, que los beneficiarios deberán acreditar debidamente. Pérez no descartó que otro de los criterios de este reparto pueda ser el número de centros de trabajo de las empresas demandantes, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Elena Máñez.
