El Gobierno de Canarias se está planteando ceder las competencias en la custodia de los menores migrantes no acompañados al Estado si no se producen más gestos de solidaridad entre las comunidades autónomas para albergarlos. De los 2.700 menores que tutela Canarias por haber arribado a las costas isleñas, solo cien va a ser derivados a otras autonomías que se han mostrado proclives a acogerlos, pero esa cifra no resuelve el problema que sufren las Islas de desbordamiento en el número de menores. Los datos hablan por sí mismos: solo en 2020, el Gobierno canario tutelaba 2.500 menores, y en lo que va de año ya van por 2.700, con lo que Canarias tiene bajo su protección a más del doble de chicos migrantes que en la crisis de los cayucos. En 2006, año de plena efervescencia de llegada de migrantes, arribaron a las costas isleñas 31.678 personas de las cuales 605 eran menores, que siguieron llegando de forma importante hasta el 2009, donde se alcanzó la cifra de 1.309 chicos. Ese año el número de migrantes, entre ellos menores de edad, comenzó a descender hasta 2016, con solo 93 niños. Esta tendencia se mantuvo estable hasta mitad de 2017, fecha en que empezó nuevamente a subir hasta alcanzar los 540 menores en 2019 y a finales de 2020 se llegó a la cifra de 2.500. Ahora ya se contabilizan 2.700 menores.
Para acogerlos, se han tenido que habilitar recursos de emergencia, entre ellos complejos turísticos del Sur de Gran Canaria. Por ello, desde el Gobierno de Canarias se está intensificando las exigencias de que sea el Estado el que se encargue de los menores y de distribuirlos entre las comunidades. “Es un problema del Gobierno de España, no de Canarias“, recalca el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, quien asevera que en las Islas se les está acogiendo con la máxima dedicación , pero también con preocupación para atenderlos con los mejores medios posibles.
No obstante, están saturados y si, como se prevé, siguen llegando, la situación será muy complicada, por lo que cuestiona que, por ley, sea la comunidad autónoma a la que llegan la que tenga que hacerse cargo de la tutela. De ahí que reclame al Estado que se implique en ese tutelaje si las restantes comunidades no dan una respuesta solidaria y cambie la legislación que corresponda, de forma que Canarias se quede con un cupo que pueda atender a los menores debidamente en su proyecto de vida, al igual que otras comunidades que no tienen chicos a su cargo.
En la misma línea se posiciona la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, que afirma que en situaciones de emergencia tiene que haber un reparto entre las comunidades, y si no es solidario debería ser obligatorio. La Consejería ha desempolvado el plan que estaba elaborando en 2019 el Ministerio de Sanidad, y que sería una solución ideal. En este plan se formulaba que la tutela fuera del Estado y, pasadas las primeras semanas de acogida, el Gobierno central delegara la custodia de los niños migrantes a las autonomías, y el reparto se organizara en función de parámetros como la densidad de población, los ingresos fiscales, el índice de desempleo y el número de menores que tiene en acogida.
Esta fórmula evitaría que los menores extranjeros se concentrasen en Canarias, Andalucía, Melilla o Ceuta, principales puertas de entrada, pero ahí sigue, sin activarse.
Save the Children
Precisamente, la Consejería de Derechos Sociales se reunió ayer con Save the Children para analizar la situación de los menores llegados a las Islas y coincidieron en exigir “mayor corresponsabilidad” de España y Europa en la atención y tutela a los menores inmigrantes que llegan a las Islas. El director en España de esta ONG, Andrés Conde, expone que Canarias necesita ayuda “urgente” para acoger a los menores inmigrantes. La organización ha impulsado una petición de firmas para que el Gobierno central agilice los traslados a la Península y apruebe un protocolo de llegadas marítimas adaptado a las necesidades de los menores. Conde explica que la ONG trabaja en Gran Canaria dando asistencia técnica a las entidades que gestionan los recursos de atención humanitaria para la acogida de la infancia migrante y refugiada, así como a aquellas que coordinan los dispositivos de emergencia para menores tutelados. Además da formación a profesionales de los diferentes centros.
