Se abre la enésima expectativa de una próxima reforma del sistema de financiación autonómica, el mecanismo con el que el Estado transfiere a las comunidades autónomas (o mediante cesión de tributos) los fondos con los que cubrir el sostenimiento de los servicios públicos esenciales que las administraciones regionales prestan a los ciudadanos, básicamente sanidad, educación y servicios sociales. El Gobierno central, a través de la mayoría parlamentaria que lo sostiene en el Congreso, ha incluido en las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica creada en la Cámara baja un punto en el que se compromete a "impulsar" la reforma y poner sobre la mesa un primer borrador de propuesta antes de finales de año. La iniciativa partió del diputado de Compromís, el valenciano Joan Baldoví, que pactó una enmienda con el PSOE, y en ella se resalta que todas las comunidades autónomas dispondrán "de una financiación adecuada" para que " puedan prestar los servicios públicos de una manera equitativa".
Esta iniciativa revive el debate sobre la incapacidad de los sucesivos gobiernos del Estado desde hace años de poner sobre la mesa una propuesta que acabe con la interinidad del sistema de reparto territorial de fondos. El jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, tenía varios compromisos en el mismo sentido del ahora adquirido desde su investidura en enero pasado, cuando aseguró que "esta es la legislatura de la financiación autonómica" y que había que "abordarla sin dilación". En ese momento habló del mes de noviembre como plazo para presentar una primera propuesta, pero la crisis sanitaria ha impedido cualquier avance al respecto. Ahora se compromete a hacerlo antes del 31 de diciembre, pero la mayoría de las comunidades dudan que, si es así, quepa hablar de una propuesta que técnicamente pueda abordar en serio las complejas maneras de cuadrar el eterno sudoku del reparto de los recursos con los que se financian las principales competencias autonómicas.
El actual modelo, implantado en 2009, tendría que haberse actualizado en 2014 y lleva seis años prorrogado por distintas razones, aunque básicamente porque nadie sabe cómo hacerlo sin crear más agravios aún de los que ahora existen.
Canarias ha sido una de las comunidades del régimen común, junto con Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Baleares, que más intensamente ha reclamado la reforma del sistema al sentirse una de las más perjudicadas, con un déficit de financiación de en torno a 700 millones anuales, y más de 5.500 millones acumulados hasta el 2017. Aunque el actual gobierno regional de coalición entre PSOE, NC, UP y ASG mantiene ese objetivo de reforma, del que hicieron bandera todos los anteriores ejecutivos de CC, no la considera tan urgente tras la mejora de la percepción de fondos en los Presupuestos estatales de los tres últimos años, donde se excluyen los ingresos del REF como parte de la financiación de los servicios esenciales, y por las aportaciones extras que ha ido haciendo el Gobierno central en los últimos meses, en parte para cubrir los gastos derivados de la emergencia sanitaria de la Covid-19.
En la actualidad, Canarias recibe como percepción ordinaria de financiación en torno a 600 millones más de los que percibió en 2016, antes de que el acuerdo de CC y NC con el Gobierno del PP para apoyar los Presupuestos estatales de 2017 cambiara los criterios para la financiación canaria. Ese año las Islas recibieron por ese concepto 220 millones más que el anterior, y la cifra se ha ido incrementando año a año: 380 millones en 2018 y 550 en 2019, año en que a Canarias le correspondió una financiación global de 4.539 millones. En 2020, las cifra se ha ajustado a partir del incremento de 14.000 millones que ha realizado el Estado a todos los territorios por el adelanto de los ingresos a cuenta con los que cubrir los gastos sanitarios por la pandemia, así como de otras liquidaciones pendientes.
Garantías en REF y Estatuto
Canarias tiene en la actualidad la garantía de que los ingresos del "REF ya no contarán como fondos de financiación, como sí ocurría entre el 2009 y el 2016, porque así consta en las reformas del REF y del Estatuto de Autonomía aprobados a finales de 2018. Cualquier criterio de reparto que se haga en el futuro, sea con el modelo aún vigente o con el nuevo, debe garantizar para las Islas una financiación por habitante similar a la media del Estado sin que para ello deba computarse cualquier otro fondo que tenga que ver con las compensaciones a la insularidad y la lejanía. Pero eso hay que llevarlo también a la Lofca, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Este es, precisamente, uno de los acuerdos del PSOE con NC para el apoyo del diputado de esta formación, Pedro Quevedo, a la investidura de Sánchez, uno de los dos compromisos que el líder socialista adquirió en ese momento sobre esta materia. El otro fue precisamente con Baldoví, similar al que el valenciano ha pactado ahora. El texto del pacto con NC no hace otra cosa que remitir a lo que dicen en materia de financiación autonómica las dos leyes fundamentales canarias. Esa fórmula de compromiso por parte de Sánchez dejó dudas en algunos sectores políticos de las Islas, sobre todo en CC y el PP, que consideraron que no quedaba garantizada la financiación media de la que hablan REF y Estatuto.
En todo caso, esta nueva promesa de Sánchez para abordar la reforma del sistema no aporta ninguna pista sobre el tipo de modelo que propone. Si será únicamente a base de revisar los criterios de reparto, lo que no dejará contento a casi nadie; o si será a base de poner recursos adicionales por parte del Estado, y si ello conllevaría en su caso una reforma de la fiscalidad, la estatal o la de las propias comunidades autónomas, para hacer frente a ese fondo extra.
Desde Canarias, el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, considera que ninguna reforma podrá tener visos de prosperar si no es con 12.000 millones por delante para garantizar que habrá más dinero para todos los territorios, aunque obviamente con desigual reparto del pastel.
Es la cuestión que ha estado siempre en el fondo del debate y la que a la postre ha justificado el retraso de la frustrada reforma. El entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, argumentó su aparcamiento por la falta de recursos estatales en lo más acentuado de la anterior crisis económica, y luego la excusa que puso fue el horizonte electoral que se abría en España por las autonómicas y locales de mayo de 2015, y las generales de pocos meses más tarde. En definitiva, el PP dejó pasar su mayoría absoluta del 2011 al 2015 sin aprobar la reforma y luego intentó iniciarla tras su agónico mantenimiento en el Ejecutivo después de las repetición electoral de junio de 2016. Montoro, que repitió como ministro, abrió una comisión de estudio y un grupo de trabajo, con representación de todas las autonomías, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que avanzó bastante en sus trabajos pero que quedó inutilizada políticamente tras el inicio del procés independentista catalán de octubre de 2017 y la posterior aplicación del articulo 155 de la Constitución en esa comunidad autónoma. Una nueva financiación no podía plantearse en ese contexto y el grupo de trabajo del CPFF se dio de baja con mucho material preparado en espera que alguien pueda reclamarlo de cara al futuro.
