Canarias mira con expectación a Bruselas. Los líderes de la Unión Europea (UE) se reúnen los días 16 y 17 de la próxima semana en la capital belga para afinar el plan de recuperación tras la pandemia del coronavirus para el próximo cuatrienio y debatir sobre el nuevo marco financiero plurianual 2021-2027. Este último debate, que venía marcado por la salida de Reino Unido del bloque comunitario y por las nuevas prioridades políticas de algunos estados miembros -como defensa, migración o cambio climático- quedó aparcado por la irrupción del Covid-19. El Archipiélago se fijó como meta, dada su condición de territorio ultraperiférico (RUP), el mantenimiento del mismo presupuesto asignado para el periodo que está a punto de extinguir: 4.524 millones de euros, unos 650 millones al año. Si ya antes resultaba complicado que se cumpliese esta expectativa, ahora resulta más difícil por los nuevos factores que se suman a la mesa de debate.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tiene pensado proponer una rebaja mayor del presupuesto planteado por la Comisión Europea -así como el mantenimiento de los descuentos a algunos contribuyentes netos- para alcanzar un pacto sobre el plan de reconstrucción tras la crisis desatada por el coronavirus. Si bien su idea inicial era acordar 1,094 billones para los próximos siete años -o, lo que es lo mismo, un 1,074% del PIB de los Veintisiete frente al 1,16% presupuestado entre 2014 y 2020-, ahora baraja la posibilidad de reducir esa cifra, si bien buscará un acuerdo para que sea superior a los 1,05 billones.

Introducir una rebaja en el presupuesto y mantener los descuentos puede ser vital para que los cuatro países con una postura más austera -los denominados frugales: Holanda, Suecia, Dinamarca y Austria- retiren sus reticencias al plan.

Hasta antes del estallido de la crisis se había producido un intenso debate en torno a los presupuestos por la merma que suponía la ausencia de Reino Unido en la mesa de negociación, donde los fondos para agricultura y cohesión son los que más se han cuestionados. Los recortes a Canarias llegarían principalmente a través de dos vías. De un lado, por la reducción de la cofinanciación de proyectos del 85% al 70% planteada. En ese caso, la región tendría que restar unos 330 millones en los próximos siete años. De otro, el tijeretazo del 3,9% del POSEI, que supondría una pérdida de 10 millones por cada año del próximo marco plurianual o, lo que es lo mismo, una reducción de 73 millones en el próximo septenio.

Meses de idas y venidas

Las idas y venidas en Europa por cómo deben plantearse los planes de recuperación se han sucedido en los últimos meses por las dificultades para alcanzar un acuerdo. España podría captar unos 140.000 millones del plan europeo, que contará con 750.000 millones de euros según lo aprobado por la Comisión a finales de mayo. Los criterios para repartir esa cuantía aún están en el aire, pues no todos comparten que se fundamenten en el paro, PIB y población de antes de 2020. En cualquier caso, de esos 140.000 millones que podrían aterrizar en España, unos 80.000 llegarían en forma de subvenciones -ayudas directas- y el resto en concepto de préstamos, siempre que se mantengan tales condiciones. El Gobierno canario busca hacerse con unos 4.000 o 5.000 millones de esa partida de ayudas, una cuantía que le serviría para capear la crisis y captar, por ende, incluso más fondos europeos de los esperados antes de la entrada en escena del coronavirus.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, advirtió en el encuentro digital Diálogos para la Reconstrucción organizado por Prensa Ibérica en Canarias a finales de julio que la crisis sería mucho más duradera y profunda de lo que en un principio se atisbó. Ante tal panorama, insistió en la importancia de conocer la financiación europea y estatal con la que podrá contar la Comunidad Autónoma durante los próximos años para hacer frente a esta situación y, en especial, durante este y el próximo año, que aseguró que sería "trágico" para las administraciones públicas. La reivindicación de condición RUP del Archipiélago será fundamental en ese proceso de negociación.