El obstáculo burocrático que impide la salida de barcos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) es tan solo punta del iceberg de un problema histórico que arrastran todos los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) de España, a excepción del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que cuentan con sistemas diferentes. De hecho, este problema sobrevenido ha ocurrido por falta de gasoil, pero los investigadores sabían que esto sucedería tarde o temprano. "Llevamos un mes pendientes, porque lo barcos ahora tienen que pasar su propia ITV y el expediente aún no había acabado", insiste Pedro Vélez, investigador de la sede tinerfeña del IEO. "El expediente de la tripulación se caducó en febrero de 2019, el del gasoil, en diciembre de 2019", explica, por su parte, Rosa Balbín, de la sede balear del Instituto. Hasta ahora no ha ocurrido nada porque, según la investigadora, "las empresas que suministran los servicios nos lo han estado fiando". De hecho, la situación ha tomado tal cariz que, como señala la investigadora, en la sede radicada en Baleares, han fiado hasta el papel higiénico. Sin embargo, el grifo se ha cerrado, en parte, según Balbín, porque la Secretaría General del Ministerio de Ciencia ha cambiado y ha impuesto unas medidas más estrictas para que el IEO cumpla con la Ley de Contratos y la Ley de Convenios. "El modelo está obsoleto y se centra más en hacer papeleo que en la investigación", explica Vélez. Y sus declaraciones son rematadas por Balbín que considera que "la ciencia no se adapta a este control del gasto".
No es la primera vez que los científicos denuncian estas deficiencias. En 2018, los investigadores de los nueve centros firmaron un manifiesto público conjunto en el que destacaban que "el crecimiento en número de proyectos de investigación en los últimos quince años no ha ido acompañado de la necesaria modernización en el sistema de gestión y en la estructura del Organismo". En este sentido, destacan que los problemas se acentuaron hace ya una década, cuando el IEO fue degradado al rango de Subdirección General, "con las consecuencias administrativas que eso conlleva". Y más tarde, en 2014, se agravó tras el cambio en el régimen de control económico financiero puesto que en este centro concreto, "se realizó sin la dotación de recursos humanos necesaria para llevar a cabo dicho cambio". Además, ponen el acento en la dirección de la OPI pues "se ha basado en una continua huída hacia delante" y una "dejación de funciones". En consecuencia, la ejecución presupuestaria comenzó a disminuir drásticamentey no solo por el contexto general de crisis, sino porque verdaderamente el IEO sufre "un problema estructural". De hecho, mientras en 2013, el presupuesto ejecutado ascendía al 90% solo cuatro años más tarde, en 2017, bajó hasta el 50%. En 2018 ese indicador se situó en el 65%, a tenor de los gastos corrientes en bienes y servicios y las inversiones reales. "Es una agonía trabajar en el instituto", concluye Balbín.
