El Ejecutivo sigue adelante con su intención de modificar la Ley de Cabildos para permitir que los directores insulares de las corporaciones se designen de forma similar a los directores generales del Gobierno regional, es decir, que no prevalezca el criterio del concurso de méritos y la experiencia como sucede ahora, sino la designación de confianza de los grupos de gobierno. La intención del Gobierno regional es introducir esta reforma en la ley omnibús que prepara desde hace tiempo y que se ha llevado al Consejo de Gobierno en varias ocasiones para su estudio. En esta nueva norma se modifican varias leyes, entre ellas la de Función Pública, la de Régimen Local o la de Cabildo. El Ejecutivo lo intentó en la ley de presupuestos de 2020 pero los servicios jurídicos del Parlamento lo impidieron por ser una propuesta que no tenía contenido económico o presupuestario. El portavoz del Gabinete, Julio Pérez, matizó ayer que el texto de la modificación no será igual que el que se propuso en diciembre porque se están analizando las sentencias judiciales que existen sobre este asunto para la redacción del nuevo artículo. Pérez reiteró que los cabildos tienen la doble condición de corporaciones locales y de instituciones de la Comunidad Autónoma y, como tales, puede regirse también por lo que establecen las leyes de ámbito autonómico y no solo estatal.
