15 de enero de 2020
15.01.2020
Consecuencias de la desobediencia de la portavoz de CC

Manga ancha generalizada para la indisciplina en el Congreso

Los 1.000 euros de Oramas es la sanción más alta por insubordinación en las Cortes

15.01.2020 | 00:05
Manga ancha generalizada para la indisciplina en el Congreso

La indisciplina sale muy barata en el mercado político. Esa es al menos la experiencia que hay hasta la fecha, porque no se conoce de momento que ningún parlamentario en las Cortes haya sido expedientado gravemente por no haber votado en las Cámaras en el sentido que le ha ordenado su partido o su grupo. El caso de la diputada de CC, Ana Oramas, no es por tanto excepcional. Su sanción de 1.000 euros por desobedecer a su formación política y votar contra la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, en lugar de ejercer la abstención que le ordenaron, es, de facto, la más dura que se conoce hasta hoy en la reciente historia parlamentaria. Los casos similares que se han dado se han resuelto internamente con sanciones de entre 200 y 600 euros.

La variedad de casos que se han dado en los últimos tiempos demuestran que, lejos de aplicar literalmente los reglamentos internos y las sanciones teóricas contempladas, los partidos optan por sanciones de conveniencia. Es decir, minimizar daños políticos y evitar situaciones en las que, al final, pierda más la propia formación afectada por la indisciplina que el autor de la misma. Es, según todos los indicios, lo que ha pasado en Coalición, donde una sanción a su diputada proporcional a la gravedad de la desobediencia podría tener consecuencias internas mucho más graves que las de la propia indisciplina. Las filas prietas en el conjunto de la formación son así más importantes que el código ético de lealtad. El voto de Oramas contra Sánchez, por muy contrario que fuera al acuerdo de abstención decidido por consenso en el Consejo Político Nacional de CC, no puede estar por encima, según la cúpula nacionalista, del estropicio que supondría un expediente disciplinario que acarreara una posible expulsión del partido o una petición de abandono del escaño. Sobre todo cuando se tiene la certeza de que la diputada no aceptaría dicha sanción y rechazaría categóricamente dejar el Congreso apelando a la doctrina del Constitucional de que el escaño pertenece al parlamentario, no al partido o coalición por el que este se presentó a las elecciones.

El caso más reciente de grave indisciplina parlamentaria en la Cámara baja se dio en octubre de 2016 durante la investidura del entonces líder del PP, Mariano Rajoy, como presidente del Gobierno, cuando 15 diputados del PSOE votaron contra la misma pese a la orden de la dirección federal socialista de abstenerse para no seguir bloqueando la situación política y permitir la formación de un gobierno. Los parlamentarios que se negaron seguir las directrices internas eran seguidores de Pedro Sánchez, que había renunciado a su escaño para evitar él mismo un apoyo pasivo a la investidura de Rajoy y cuya actitud abrió la crisis más profunda de la historia reciente en el seno de su partido. Pero aquella indisciplina de los diputados díscolos se saldó con mucho menos ruido del que produjo la propia dimisión de Sánchez como diputado y sus posteriores consecuencias.

La sanción fue finalmente la más alta que contempla el reglamento interno del grupo socialista, 600 euros, pero solo fue económica, no aplicándoseles otras posibles más contundentes en el ámbito del partido, aunque algunos de ellos fueron apartados de la función que ejercían en distintas comisiones parlamentarias. Lejos quedó el debate interno en el que algunos del sector enfrentado a Sánchez reclamaban la expulsión y una reclamación de que abandonaran el escaño a los que militaban directamente en el PSOE, seis de ellos, pues dos eran independientes y el resto constaban como afiliados al Partido de los Socialistas Catalanes (PSC) y no tenían que responder directamente ante la cúpula de Ferrraz, entre ellas la actual presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

En las filas socialistas, otros casos de indisciplina han sido los protagonizados, en dos ocasiones, por Antonio Gutiérrez, ex secretario general de CCOO, quien votó contra la propuesta de reforma de la Constitución en 2011 para garantizar la estabilidad presupuestaria pactada por el PSOE y el PP, y volvió a desobedecer cuando se abstuvo de apoyar la reforma laboral del gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010. En febrero de 2013, la entonces diputada del PSC Carmen Chacón y otros trece diputados socialistas catalanes fueron sancionados por la dirección del grupo por no respetar la disciplina de voto en el debate de dos iniciativas de CiU e ICV sobre el derecho a decidir. Chacón no llegó siquiera a apretar el botón al ausentarse, mientras el resto de sus compañeros del PSC votaban a favor y los diputados del PSOE, en contra. Este caso provocó la salida del diputado catalán José Zaragoza de la dirección del grupo parlamentario. Otros casos de indisciplina en las filas socialistas a lo largo de las últimas décadas se han saldado con sanciones económicas menores.

Villalobos, reincidente

En el PP, el caso más llamativo por reincidente ha sido el de su ya exdiputada Celia Villalobos, que en varias ocasiones ha defendido una posición propia y la ha llevado a la práctica en temas muy sensibles para su partido como son la legislación sobre el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. La dirigente malagueña acumula en este sentido sanciones de entre 300 y 500 euros cada una de ellas por romper la disciplina del grupo hasta en cuatro ocasiones entre 2005 y 2014 en otras tantas votaciones en las que se negó a secundar la posición de su partido contraria a la ley de plazos de la ley sobre la interrupción voluntaria el embarazo y al reconocimiento de las bodas gais.

También con motivo de la participación de España en la guerra de Irak, durante el segundo gobierno de José María Aznar, provocó la indisciplina del diputado del PP por Huesca Luis Acín. En la mayoría de los casos de indisciplina, los diputados optan por no asistir a las votaciones en que no comparten criterio con su grupo y así evitar un pronunciamiento contrario, lo que conllevaría una mayor sanción. Pero si se trata de una ley orgánica o una sesión de investidura, como ha sido el caso de Oramas, la gravedad de la inasistencia es mayor.

El caso más cercano a Oramas, con todo, se dio en la propia CC en diciembre de 2007, cuando su entonces compañero de escaño Luis Mardones, fallecido en diciembre de 2018, se desmarcó de las directrices del partido y de la propia diputada tinerfeña y apoyó por sorpresa los Presupuestos del 2008 elaborados por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Oramas, Mardones y los senadores de CC habían ido rechazando esas cuentas en los distintos trámites parlamentarios por orden de la dirección de CC, que consideraba que iban contra los intereses de Canarias, pero el diputado tinerfeño los respaldó finalmente cuando el Congreso afrontaba la última votación para levantar el veto impuesto en el Senado. No hubo sanción por parte de CC a Mardones, aunque en el ambiente pesaba más que nada el hecho de que aquel gesto del diputado era la despedida de su trayectoria política.

En la actualidad, solo el PSOE, el PP y Ciudadanos cuentan con un reglamento interno que regula el funcionamiento de sus grupos parlamentarios y establecen claramente las sanciones ante indisciplinas de sus diputados. Las multas son impuestas en función de la gravedad de los hechos, pero partiendo de la base de que en ningún caso lleva aparejada la privación del acta de parlamentario. En todo caso, sí expulsarle del grupo y obligarle a su pase al Grupo Mixto como diputado no adscrito, lo que en ocasiones ha sucedido por otros motivos distintos a la ruptura de la disciplina de voto.

En el caso de Podemos, sus reglas internas no establecen sanciones y en teoría resuelven los conflictos de este tipo en lo que la formación morada llaman "espacios de debate abiertos", donde acaban de conformarse las voluntades de sus representantes.

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