El Consejo de Ministros ha decidido impugnar ante el Tribunal Constitucional el artículo de los presupuestos de Canarias de 2019 por el que se crea un fondo de acción social a favor de los empleados públicos de la comunidad autónoma con una dotación de 9.250.636 euros.

El Gobierno de Pedro Sánchez recurre ese fondo de acción social para los funcionarios autonómicos porque considera que incluye el Real Decreto-Ley 24/2018 de medidas urgentes sobre retribuciones en sector público, que prohíbe el incremento en los gastos de acción social respecto a 2018.

La referencia de los asuntos tratados por el Consejo de Ministros difundida por La Moncloa precisa que, antes de llevar este asunto al Constitucional, se intentó negociar una solución con el Gobierno canario, pero sin éxito.

El artículo de concreto de los presupuestos de Canarias de 2019 que ahora impugna el Gobierno central es el 47.1 y establece lo siguiente: 4,25 millones de euros para pagar un seguro de fallecimiento o invalidez a favor de los empleados públicos de la Administración autonómica y 5 millones para ayudas de acción social.

MURCIA NO CUMPLE CON LOS OBJETIVOS DE DÉFICIT

En el caso de la Región de Murcia, el Gobierno ha interpuesto el recurso contra la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019 donde se regula la recuperación en el ejercicio 2019 de los conceptos retributivos dejados de percibir correspondientes en diciembre de 2013 --se suprimió una paga adicional del complemento específico-- y establece el calendario de recuperación para la de junio de 2014.

Sin embargo, el artículo 23 del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, sólo permite que "se devuelvan las cuantías por aquellas administraciones que cumplan los objetivos de déficit así como la regla de gasto".

El Ministerio de Hacienda ya emitió, en octubre de 2018, un informe en el que consta que Murcia "no cumplía los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto" de 2017. A ello, se le suma otro informe posterior, en mayo de 2019, donde el ministerio volvió a confirmar que Murcia "tampoco ha cumplido" con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto de 2018.

En consecuencia, el Gobierno ha acordado que no se puede aprobar la medida consistente en "restablecer o recuperar" conceptos retributivos correspondientes a ejercicios anteriores.

Previamente a la interposición de ambos recursos, se había iniciado una negociación previa con los gobiernos de Canarias y Murcia, pero no se alcanzó ningún acuerdo satisfactorio en ninguno de los casos.