Las consecuencias de la crisis siguen coleando y tardarán años en disiparse. Una muestra de ello es el envejecimiento de la plantilla pública de Canarias, ya que el 44,6% del personal público supera los 50 años, lo que provocará que cerca de 54.000 empleados de la Administración se jubilen en los próximos 15 años. La numerosa contratación de trabajadores durante los años 80 -asociada a la creación del modelo de Estado de bienestar y la descentralización de las autonomías- sumado a las políticas de austeridad puestas en marcha durante el periodo de crisis, son los factores que han ocasionado esta situación que puede derivar en una merma de calidad del sistema público, ya que en poco más de una década cerca de la mitad de la plantilla pública de las Islas se jubilará.
La coyuntura en el resto de España es similar a la del Archipiélago. El personal de la Administración pública ha envejecido rápidamente en los últimos diez años. Si en 2008 las personas con más de 50 años suponían el 28,6% de la plantilla, en una década la cifra a alcanzado el 43,4%; y los menores de 30 han pasado de representar el 12,1% del personal público al 6% actual. La edad media de los trabajadores públicos españoles es la más elevada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo superada por Italia e Islandia.
Esto se debe, en parte, a que la plantilla de la Administración Pública pasó de 700.000 personas en 1977 a 1,9 millones a finales de los años 80. Este importante crecimiento del volumen del personal contratado en aquella época, ahora supera los cincuenta años. A esto se suma que durante los años de la crisis se suspendió la oferta pública y, a partir de 2010, se dejaron de renovar contratos temporales, en su mayoría ocupados por jóvenes. Además, se bloqueó la tasa de reposición, que no se empezó a flexibilizar hasta 2015, y solo en determinadas áreas esenciales. En el caso del Archipiélago, no fue hasta finales de 27 cuando el Gobierno regional reinstauró la tasa de reposición del 100% para el personal docente no universitario de la Comunidad Autónoma, el personal estatutario con plaza en el Servicio Canario de la Salud, el personal de la Policía Canaria y de la Agencia Tributaria.
Estas circunstancias plantean un importante desafío para la Administración Pública dado que se enfrenta a un proceso "masivo" de jubilación. "Es imprescindible plantear una estrategia para gestionar las plazas que dejan las personas que se jubilan para poder llevar a cabo una transferencia de conocimiento y talento del personal cualificado que deja sus puestos de trabajo", apunta Pedro Costera, secretario general de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO), quien añade que este relevo es esencial para mantener la calidad de los servicios públicos.
Una de las vías que plantea Intersindical para solucionar la pérdida masiva de conocimientos en la Administración Pública tras el retiro de un gran número de funcionarios es la jubilación parcial. "Es fundamental el traspaso intergeneracional de la información porque si este proceso no se da la Administración puede sufrir un colapso temporal", señala Rafael Rodríguez, coordinador de Intersindical de la administración general de la Comunidad Autónoma, quien apunta que con la jubilación parcial los funcionarios con experiencia convivirían con los nuevos durante un tiempo en el que podrían trasladarles su saber hacer acumulado sobre procedimientos y tramitaciones de la institución en la que se desarrollan profesionalmente.
Costera señala que en Canarias para empezar a pensar en renovar la plantilla que se jubilará en los próximos años, "hay que empezar por estabilizar y consolidar plazas", porque en la Comunidad Autónoma más del 20% de la plantilla de la Administración es personal no fijo. Sin embargo, el portavoz de CCOO denuncia que el anterior Ejecutivo canario ha retrasado este proceso porque presentó "in voce y a última hora" una enmienda a los Presupuestos Generales de Canarias 2019 por la que se aprobó, con el apoyo de Coalición Canaria y el Partido Popular, que la consolidación y estabilización del personal mayor de 50 años -tanto el laboral como el funcionario- se haría por concurso de méritos. Esta fórmula, según relata Costera supone una discriminación para el personal menor de 50 años que puede estabilizar por concurso de méritos.
A raíz de esta decisión, el Gobierno central ha puesto un requerimiento al Gobierno de Canarias y, a partir del pasado mayo, le dio seis meses para modificar esta situación y, en caso de no subsanarla, el Ejecutivo nacional pondrá un recurso de inconstitucionalidad. "Le pedimos al nuevo Gobierno que no consuma los seis meses y que arregle de forma inmediata este problema generado por el equipo anterior", apostilla Costero, quien también reclama que el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres "empiece a prestarle atención al relevo generacional si queremos mejorar la calidad de los servicios públicos, no mantenerla, porque la calidad que tenemos ahora es menor a la que había en 2010". Desde Intersindical también defienden la necesidad de implantar una tasa de reposición efectiva en todos los tipos contractuales, sean funcionarios o laborales, y en todos los sectores; así como "la creación de nuevas plazas que, de alguna manera, compensen lo que se ha perdido en los últimos años, porque los empleados públicos cada vez asumen más las competencias, siendo menos personas", denuncia Rodríguez.
