La Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife ha reclamado al propietario del kiosco de La Bombilla, que ocupaba indebidamente suelo público, la devolución íntegra de todo el dinero que supuestamente ganó con la actividad desde el momento que el establecimiento fue desautorizado por la Dirección General dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. En total, según se recoge en el expediente sancionador hecho público, Efraín Jiménez deberá pagarle a Costas 26.474 euros, de los que 24.194 se corresponden con los supuestos beneficios de un año de actividad ilegal y 2.260 euros de multa.

La infracción administrativa se refiere a la ocupación de dominio público marítimo terrestre sin autorización en la playa de La Bombilla, en el municipio de Tazacorte, incoado en marzo de 2009. Los hechos imputados consisten en "la utilización para beneficio propio sin autorización de 296 metros cuadrados de suelo público, con un kiosco con trece mesas, cuatro sillas por mesa y una barra de bar".

El kiosco, que fue destruido por el temporal de mar registrado la noche del 31 de enero de este año, con grandes olas que se metieron en La Bombilla dañando varias edificaciones, abrió en julio de 2005, según asegura el propietario, con autorización de la Demarcación Comarcal de Costas y los permisos pertinentes del Ayuntamiento de Tazacorte.

Después de tres años en plena actividad, se le negó la renovación de la autorización de Costas en abril de 2008 (requería una renovación anual), por lo que siguió trabajando sin el correspondiente permiso durante un año más hasta que se le abrió el correspondiente expediente sancionador. Durante ese periodo, según explica Efraín Jiménez, "estuve recurriendo la negativa del permiso, negociando en costas e intentando mantener el negocio abierto o trasladarlo a otro sitio, pero fue imposible".

Una reclamación "de risa"

El afectado, que además es el presidente de la asociación de vecinos El Varadero de La Bombilla, entiende que la sanción que se la he impuesto "da pena, risa y sentimiento". Así, aclaró, "me han hecho gastar un montón de dinero en el kiosco y de repente me dicen que no me renuevan. Clama al cielo. Pero mi caso, por mucho que no tenga dinero para pagar esa cantidad que me reclaman, al lado del de muchas familias que van a perder su vivienda, no es el peor".

En su momento, según consta en el expediente, Jiménez presentó, dentro del plazo concedido, el correspondiente escrito de alegaciones, pero no fueron aceptadas.

Así, la Demarcación Provincial entiende que "se han practicado las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, habiendo quedado suficientemente probada la veracidad de los mismos, dejando claro que la Ley de Costas dispone que las utilizaciones no autorizadas previamente serán sancionadas.

Por la infracción se corresponde la multa, de menor cuantía, pero esta no exime, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Costas, de la obligación de entregar a la Administración la totalidad del beneficio obtenido con la actividad. La pregunta que no aclara Costas en el expediente publicado es cómo ha obtenido la cuantía de 24.194 euros de supuestos beneficios en un año de actividad ilícita del kiosco.

En cualquier caso, señala que la cantidad a ingresar en el Tesoro Público deberá sufragarse en el plazo y forma que establezca la Delegación de Hacienda. Además, se le ordena al infractor la restitución del estado anterior del suelo público, en un plazo de tres días.