Mientras el Gobierno catalán ofrecía los detalles de su referéndum la Agencia de Protección de Datos advertía a quienes vayan a constituir una mesa de que pueden enfrentarse a multas de hasta 300.000 euros. Ceder o tratar datos censales sin la supervisión de una Junta electoral es un delito. Estarían ofreciendo datos de quién ha ido y quién no ha ido a votar sin el permiso expreso de esas personas.
