Ramoncín defiende que en un contexto personal en el que “anarquistas colgaban” su cabeza en las calles de Madrid y tras sufrir un lanzamiento de piedras y otros objetos durante un festival el Viñarock, decidió vender su talento a la SGAE. Se le acusa de emitir supuestamente durante años facturas falsas a la SGAE para conseguir dinero de forma ilegal. Según la fiscalía entre 2008 y 2011, cuando ya no estaba en la directiva de la sociedad, Ramoncín cobró 57.402 euros por unos servicios que nunca prestó. Una acusación que el cantante siempre ha negado. El artista se enfrenta a una pena de cuatro años y diez meses de prisión por tres delitos: falsedad documental, apropiación indebida y administración fraudulenta.
