El mismo día que el juez Castro acordó citar a la Infanta Cristina el 8 de marzo en calidad de imputada por dos delitos fiscales y otro de blanqueo de capitales comenzaron las negociaciones. El mensaje enviado a la Infanta a través de sus abogados es que esta vez era muy probable que la Audiencia Provincial, no le iba a revocar la imputación tal y como ocurrió hace un año.