Santiago de Compostela y Madrid, escenario de nuevas manifestaciones de los afectados por las participaciones preferentes. Se sienten doblemente graviados, primero por los bancos que les convencieron de que adquirieran un producto supuestamente seguro, después por los políticos que desde la Unión Europea les equiparan con inversionistas en vez de reconocerles su condición de ahorradores y les obligan a perder una parte sustancial de sus ahorros.