Los patinetes eléctricos proliferan cada día más por las calles de las ciudades y pueblos de de Tenerife. En ocasiones, por culpa de la mala actitud de algunos de sus conductores, ocasionan problemas en la circulación y en el tránsito peatonal de vecinos y personas con discapacidad, en particular. La opinión mayoritaria es que hay que regular el uso y no prohibirlo, como en París, pero por ahora están en un limbo legal.
«El patinete eléctrico llegó para quedarse». Esta frase es la más repetida por todos los agentes implicados en el análisis de un fenómeno en alza en las calles de Tenerife, sobre todo en los núcleos más poblados. La regulación de su uso, opción preferida a la prohibición –medida adoptada recientemente por París– queda en manos de los ayuntamientos, pero la mayoría de los 31 de la Isla no ha desarrollado por distintas razones las ordenanzas municipales imprescindibles.
Mientas tanto estos vehículos se mueven entre el equilibrio de los aspectos positivos como el ahorro energético o el poco espacio que ocupan y la imagen negativa que da el mal uso de algunos conductores al ocasionar problemas en el tráfico. Además, cuando son aparcados de cualquier manera y lugar restringen el libre tránsito de las personas, sobre todo de aquellas con discapacidad. Hay coincidencia en la necesidad de una regulación municipal uniforme y reforzada por la estatal, pero, por ahora, los patinetes están en un limbo legal.
Santa Cruz.
La capital apuesta por los distintos modelos de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), ente ellos el patinete. El objetivo es concienciar sobre una conducción segura, pero si es necesario sancionar. La intención es lograr una armonía en la circulación entre conductores y peatones.
La concejala de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, Evelyn Alonso, resume la posición municipal sobre este medio de transporte que cada vez se ve más por las calles chicharreras. Asegura que «los patinetes han llegado para quedarse; ahora, resulta imprescindible regularlos, que no prohibirlos, porque no lo hace la normativa estatal, la de la Dirección General de Tráfico (DGT), la que estamos obligados a aplicar al ser un vehículo autorizado». Valora: «No podemos prohibir su uso como ha hecho París por decreto de su alcaldesa (Anne Hidalgo) porque no sería legal». La capital francesa cuenta con unos 15.000 patinetes y la tinerfeña con alrededor de 1.100. Hicieron su aparición, recuerda Alonso, «en un momento delicado por el covid. Había un vacío legal para que operaran las empresas. Hoy se mantienen dos, Link y Bird. La idea de proteger al peatón y al conductor, ambos especialmente vulnerables».
Añade que «lo primero fue ubicar aparcamientos para VMP, geolocalizados en el centro de la ciudad, donde existen más usuarios. La tarjeta deja de funcionar cuando acaba la frecuencia equivalente al pago del cliente y ahí se queda el patinete. Ha habido mejoría y control, por ejemplo en zonas peatonales, pero si no se llevan al aparcamiento es por falta de civismo».
La Ordenanza de Tráfico de Santa Cruz la tumbó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2019 por un defecto de forma. Ya se aprobó inicialmente la nueva y está en exposición pública. Hasta que esté en vigor, previa aprobación del pleno, prima la normativa estatal. Alonso subraya: «La DGT, y me parece increíble, no ha impuesto el casco. En nuestro caso será obligatorio y la velocidad límite, como ahora, los 25 kilómetros por hora». Apunta que «recibimos el mes pasado una denuncia anónima sobre un patinete que circulaba a 80 kilómetros en la autovía de San Andrés –por lo menos el conductor tenía casco–. Si la Policía Local lo para, lo sanciona, pero no podemos controlar la velocidad en los patinetes privados como hacemos con los de alquiler».
«La DGT ha dejado este asunto en un limbo y ha ido con retraso», apunta la concejala, para añadir: «Hace apenas seis meses que determinó qué tipo de vehículos de esta clase pueden circular y cómo. Hay un caos en muchos municipios y estoy orgullosa de nuestro relativo control de la parte empresarial, Nos falta ahora hacer lo mismo con la privada». La capital tinerfeña no se plantea, como Las Palmas, gestionar desde lo público este tipo de transporte. La apuesta es, asegura Alonso, «la concesión administrativa, a partir de que tengamos aprobada la Ordenanza».
La concejala lamenta el único fallecido en la capital, un chico de 15 años en Santa María del Mar que, según su información, circulaba correctamente. Alonso llama a la prudencia: «Al usuario le pido que cumpla las famosas siete reglas, entre ellas el uso del casco». Además de la correcta visibilización, a través de chalecos reflectantes en la noche; no circular por zonas interurbanas y túneles; velocidad límite en los 25 kllómetros por hora; prohibición de dispositivos sonoros que originen distracción; no conducir bajo los efectos de alcohol y las drogas y tener en cuenta que se trata de un vehículo personal, para un solo usuario. «Movilidad sostenible, sí, pero con responsabilidad», concluye Alonso.
La Laguna.
La Laguna quiere regular la circulación de los VMP conforme al nuevo modelo de movilidad local establecido en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible para garantizar su convivencia, en condiciones de seguridad, con la circulación a pie, en bicicleta y con los vehículos a motor. Una particularidad es la obligatoria adaptación específica en las zonas peatonales y en el espacio protegido del Conjunto Histórico. Ya ha comenzado el proceso para contar con la red ciclista básica. Serán siete carriles bici y VMP. La previsión es que sea una realidad en tres años para generar un sistema conectado, continuo y homogéneo, respetuoso con los peatones y que permita e invite, a desplazarse en bici o VMP de forma segura y práctica. Esta Red Básica se complementará en un futuro con nuevos trazados radiales por todo el municipio de Aguere.
En cuanto a la normativa y los procesos sancionadores, la actividad está regulada conforme a lo establecido en la Ley sobre Tráfico y Seguridad vial, así como en las instrucciones y resoluciones de la Dirección General de Tráfico. No existe un dato específico de expedientes sancionadores incoados por la Policía Local y relacionados con los VMP, ya que se estructuran conforme al comportamiento o actuación motivadora de sanción y no al tipo de vehículo. Sí se dispone de una estadística específica sobre intervenciones de la en accidentes en los que se han visto implicados vehículos. Durante 2022, se registraron 22 atestados con estos criterios, con daños materiales y heridos únicamente de carácter leve. Durante 2023 (hasta el pasado día 11) han sido 8 los accidentes con VMP, solo uno grave el 14 de marzo.
Zona Sur.
Granadilla de Abona está pendiente de la aprobación definitiva del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que ya se llevó a pleno el mes pasado, y en base a este plan se trabajará en la ordenanza para regular el aspecto de los patinetes eléctricos. En Arona, la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (2008) prohíbe todo patinete eléctrico en aceras y calzada. Se llevan a cabo controles sistemáticos y otros puntuales. En el último fueron retirados de la vía al depósito 30 patinetes. La Ordenanza establece que los VMP no podrán circular por la calzada, salvo que se trate de zonas o vías destinadas a ellos. En Adeje, fuentes municipales explican que «el problema se ha ido controlando y no ha provocado incidentes graves. En el horizonte más cercano tenemos previsto poder implementar una ordenanza que pueda regular su uso».
Zona Norte.
Adolfo González, alcalde de Los Realejos, explica que «estamos en el proceso de redacción de la Ordenanza Reguladora del Tráfico que incluye los patinetes. Estos vehículos cada vez se ven más en nuestras calles e incluso hemos tenido algún accidente. Depende de la zona porque la orografía es complicada por la pendiente y no resulta muy práctico salvo en las partes más urbanas y llanas». Añada que «régimen sancionador no hay hasta aprobar la Ordenanza pero la Policía Local actúa ante las infracciones». Personalmente, explica «no lo veo como un modo transporte seguro porque el conductor es muy vulnerable. Utilizarlos sí, pero bien regulados». En La Orotava, aseguran las fuentes, «ni se ven, posiblemente porque está todo en cuesta y no es sencillo su uso». La Corporación que emane de las elecciones trabajará en crear un reglamento. Por último, en el Puerto de la Cruz, aseguran desde el ayuntamiento, «no se ha presentado ningún conflicto o incidencia». Como reza la normativa de la DGT, «los patinetes tienen que circular, y así lo hacen en el municipio, con las medidas de seguridad como el uso del casco».
Empresa y usuario.
A las empresas de patinetes eléctricos se les obliga en Santa Cruz a contar con una app que garantice la información en tiempo real de la ubicación de todos los vehículos, además de dotarlos del software necesario para impedir la finalización del arrendamiento si se estaciona fuera de los lugares habilitados. Pepe García Estrada es empresario, miembro de la Asociación por la Movilidad Personal y Ecológica de Canarias (AMPECAN) y conductor de patinete por las calles chicharreras desde 2016. Valora las ventajas: «No contamina, no hace ruido, es rápido de parte a parte y sin problemas de aparcamiento». Considera que hay una gran desinformación en el resto de conductores y un desprecio hacia quien lleva el VMP porque lo ha vivido en primera persona. Con desafíos en los semáforos, repetidos toques de pita y hasta insultos. Espera que la falta de regulación acabe con la publicación del Libro de Conductores que la DGT elabora y se espera sea realidad a principios del año que viene.
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El experto.
Bernardo Hernández es divulgador de Seguridad Vial y miembro de la Asociación Internacional de Profesionales de la Seguridad Vial. Una voz autorizada: «El limbo está en el desarrollo de la norma municipal, a partir de las directrices generales de la DGT. En aspectos como edad límite, uso del casco u obligatoriedad de tener un seguro para conducir el patinete». Hernández, quien valora el trabajo en este ámbito del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incide en la necesidad de «mejorar y ampliar la formación vial, tanto en normativa como en práctica de conducción, porque se ven cosas increíbles». Asegura que «falta un compromiso global entre administraciones». El experto subraya: «Hay quien no sabe ni montar». Resume Hernández: «Más campañas, más medios para las policías locales e imponer el uso del casco y el seguro. En definitiva, legislar, formar y que los conductores no vean a todo el mundo en su contra porque el 90% de las víctimas, los más vulnerables, son ellos». Concluye: «En Europa se trabaja ya para que los nuevos carriles en la calzada estén separados del tráfico».
Oposición frontal.
Queremos Movernos, colectivo que defiende a las personas con discapacidad, muestra su rechazo frontal al patinete. Su portavoz, Ana Mengibar, es muy clara: «Hay que prohibirlos porque son un foco de creación de barreras, en general, y un grave problema para las personas con discapacidad». Añade que «el sistema de geolocalización se ha demostrado un fracaso porque los patinetes siguen tirados en cualquier esquina». Mengíbar valora: «Los aparcamientos exclusivos para ellos sólo restan sitio a los vehículos para estar vacíos o semivacíos».
En Queremos Movernos «aplaudimos la decisión de París de prohibir la actividad de alquiler, ya que las empresas no garantizan ni la seguridad ciudadana ni la vial». Añade Ana Mengíbar que «según la Policía Local de Santa Cruz, el número de vehículos que circula en la ciudad no ha descendido, lo cual demuestra que se usa como diversión». Por tanto «no se gana terreno para la sostenibilidad, sino que se favorece un negocio que hace caja en los espacios públicos y perjudica a los más vulnerables». Por otro lado, valora, «desde el Ayuntamiento han regalado estacionamientos y permiten que el espacio público sea una instalación de las empresas de alquiler, cuya actividad sigue sin regularse». Como resumen: «Queremos Movernos pide la prohibición de la actividad de alquiler de patinetes».
Un medio de transporte controlado que tenga como primera norma la seguridad del peatón y del conductor. Regular el uso del patinete para particulares y empresas. Superar el limbo legal es la tarea.
