Aquellas familias de entre las 76 que residen en el Edificio Galdós (La Jurada, San Isidro) que no puedan adquirir las viviendas que habitan antes del 12 de septiembre corren el riesgo de ser desahuciadas por las empresa municipal Sermugran. Una denuncia pública del PSOE de Granadilla de Abona que el gobierno municipal califica de «falsa». El inmueble lo conforman viviendas sociales en régimen de alquiler con opción a compra al cabo de 10 años, «tal y como estableció en su día el grupo de gobierno socialista, en septiembre de 2012», apunta el pacto gobernante (CC-PP).
La portavoz socialista, Jennifer Miranda, asegura que «la mayor parte de los arrendatarios están en situación de especial vulnerabilidad, son dependientes o de avanzada edad», con dificultades para acceder a una hipoteca, como ha sucedido en varios casos. «La empresa municipal pretende proceder a la venta de los inmuebles para liquidar el préstamo y ejecutar el desahucio de aquellas personas que no puedan afrontar su compra», apostilla.
El gobierno y la empresa pública informan que «de ninguna manera se actuará en perjuicio de las familias arrendatarias que no puedan afrontar la compra». Aseguran que «se buscarán las alternativas necesarias en beneficio de aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad», como «se ha hecho para facilitar el pago de alquileres cuando no podían abonarlos».
