Coalición Canaria (CC), Sí se Puede (SsP) e Izquierda Unida (IUC) demandan al Gobierno insular que el Cabildo asuma el coste del traslado de aguas residuales desde el Polígono Industrial Valle de Güímar a la depuradora de La Campana, en El Rosario, cifrado en 160.000 euros. Coinciden en justificar tal exigencia aludiendo a que este gasto extra para los municipios lo causa la demora en la finalización y puesta en servicio de la depuradora industrial que se construye en suelo del polígono del Sureste.
El transporte de aguas residuales es una exigencia de la Viceconsejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, que así lo establece en la última prórroga de la autorización para verter al mar desde el Polígono Industrial Valle de Güímar. Para ello, obliga a reducir la carga contaminante en un 30%, lo que conlleva transportar hasta 240 metros cúbicos de agua residual al día a La Campana. La medida estará vigente hasta el próximo día 28, fecha en la que la Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (Edari) del Sureste iniciará el periodo de funcionamiento en pruebas.
En el caso de que el Gobierno insular optara por atender la demanda de varios partidos, tendría que invertir en torno a 53.000 euros por cada ayuntamiento del Valle de Güímar
En el caso de Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife, solicita que la Corporación insular asuma los casi 160.000 euros. Los nacionalistas establecen que los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar abonarán 22.000 euros al Consistorio de El Rosario por depositar las aguas residuales en la depuradora de su propiedad, mientras que el coste de las cubas que se emplean para el transporte de la misma implica en torno a 46.000 euros para cada uno de los tres ayuntamientos.
Carlos Alonso, portavoz de CC, califica de «situación complicada» la que afecta a los consistorios del Valle de Güímar, algo que atribuye a que "han estado solos, porque Pedro Martín no ha sido capaz de impulsar una solución". Por ello, y "ya que el Cabildo no ha liderado este asunto para resolverlo, por lo menos que asuma el coste". Alonso cifra en 53.000 euros, aproximadamente, la cuantía que le corresponde a cada ayuntamiento.
Firma del convenio
El viernes pasado comenzó la operación de trasladar hasta 210 metros cúbicos de aguas residuales al día, una cifra determinada por la autorización del Gobierno canario para aplicar solo esta semana. Para esta mañana está programada la firma del convenio entre los tres ayuntamientos y el consistorio de El Rosario.
Sí se Puede (SsP) e Izquierda Unida Canaria (IUC) señalan al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) como responsable del retraso de las obras de la depuradora industrial del Polígono Valle de Güímar. Eso no debe repercutir de forma negativa en la economía de los municipios, defienden. Ambos partidos llaman la atención sobre la discrepancia sobre el coste del operativo entre los propios funcionarios. Aseguran que el secretario municipal de Candelaria lo cifró en 47.955 euros por ayuntamiento, mientras que su homóloga de Arafo la redujo a algo más de 31.900 euros, "en el peor de los escenarios". "Es una muestra clara de la precipitación e improvisación con la que se está actuando en este caso", sostienen.
Las cubas transportarán un máximo de 210 metros cúbicos diarios de aguas residuales a la depuradora de La Campana durante esta semana. La próxima puede llegar a 240
SsP e IUC determinan que el traslado del agua contaminante a La Campana es "una respuesta extraordinaria y urgente a un problema causado por la mala gestión de las obras por parte del Consejo Insular de Aguas, ya que las obras debían haber concluido en septiembre de 2020, plazo en el que caducaba la autorización del Gobierno de Canarias a los vertidos sin control".
Extremadamente grave
A juicio de Sí se Puede e Izquierda Unida, la situación "es extremadamente grave y no puede haber ni un aplazamiento más, porque ya se cumple un año y cinco meses de vertidos no autorizados". Ambos partidos afirman que "después de casi diez años, el Valle de Güímar está en la misma situación que cuando Sí se Puede e IUC denunciaron los vertidos por la vía penal". Asunto que se mantiene sin enjuiciar.
A Carlos Alonso (CC), además, le parece "significativo" el uso de la depuradora de La Campana en ese caso, "cuando el PSOE y Ciudadanos votaron en contra de su construcción. Si hoy en día se pueden tratar los vertidos en El Rosario es gracias a la labor que hicimos desde la oposición, que conseguimos 1,5 millones de euros para ejecutarla, y al empuje del alcalde, Escolástico Gil".
