El gobierno del Cabildo de Tenerife (PSOE-Ciudadanos) mantiene el concurso para que una empresa privada instale una planta de reciclaje en el Complejo Ambiental de Tenerife (CAT de Arico) que incluye tratamientos a través de altas temperaturas. Lo hace a pesar del acuerdo de la Comisión Plenaria del 19 de noviembre que pidió «dar marcha atrás» al concurso con los votos de CC, PP y Sí Podemos Canarias, esta última formación socia externa del gobierno insular. Estos grupos entienden que lo que se pretende hacer allí es instalar «una incineradora para quemar basura». El equipo de gobierno lo niega y considera que varios informes solicitados al Servicio Insular de Residuos y a la Universidad de La Laguna (ULL) avalan estos tratamientos, que se introducirían por primera vez en las Islas. Así lo expone el consejero de Desarrollo Sostenible, Javier Rodríguez, al defender la iniciativa para acabar con «30 años enterrando basura».
El consejero explica que desde ese 19 de noviembre solicitó tres informes: uno al servicio de Desarrollo Sostenible del Cabildo, otro a la ULL y un tercero al Gobierno de Canarias. Los dos primeros ya han sido entregados y, según Rodríguez, «avalan lo que defendemos desde el principio: no hay incineración». El estudio del Cabildo, señala el consejero, «lo firman los seis componentes del servicio, ingenieros e ingenieras, porque así lo han querido ellos». El documento del Grupo de Investigación de Catálisis Heterogénea de la ULL «lo rubrican dos doctoras y un doctor».
El proceso.
La explotación de una parcela de 25.000 metros cuadrados en el complejo de Arico propone la instalación de una planta que, además del reciclaje convencional, podrá incorporar tratamientos térmicos, que consisten en aplicar calor a los residuos para reducirlos al mínimo tamaño y obtener energía. El Cabildo rechaza que estos procesos –pirólisis, gasificación y plasma– se pueden considerar técnicamente incineración, aunque supongan una aplicación de temperaturas de entre 300 y 4.000 grados centígrados. Alega que el concurso excluye la incineración propiamente dicha, no contemplada en el Plan de Residuos de Canarias (Pircan). Por contra, CC, PP, Sí Podemos Canarias, el Ayuntamiento de Arico y los colectivos ecologistas sí creen que es incineración y que estos procesos están entre los menos aconsejados por la Unión Europea, que pide priorizar el reciclaje. La tecnología a desarrollar emplea calor en ausencia de oxígeno (pirólisis), oxígeno para destruir la materia (gasificación) y un campo eléctrico (proceso de plasma). Algo sí parece claro: las políticas de tratamiento de residuos no han sido eficaces ante el enorme volumen de basura que llega a Arico, casi 600.000 toneladas al año. Más del 90% se entierra y ese escenario quiere eliminarlo el grupo de gobierno insular.
Conclusiones.
Dos de los tres informes encargados por el gobierno insular llegan a conclusiones similares. Avalan que «la licitación de la parcela cumple la normativa europea, estatal y canaria en materia de residuos». También que «queda prohibida la valorización energética mediante incineración por oxidación» y que «se respeta el principio de jerarquía de residuos, ya que la solución que se quiere implantar evitará la peor opción, el vertido en celda». Por último consideran que «no se desincentiva la separación en origen de residuos, ya que se van a valorizar principalmente fracciones de rechazos de procesos mecánicos realizados en el CAT que se depositan en las celdas (o sea que se entierran)». Sobre el tercer informe, el del Gobierno de Canarias, señala Rodríguez Medina: «Estamos a la espera, aunque solo se trata de acomodar al Plan de Residuos de Canarias. Estamos seguros de que será así, pero queremos tenerlo por escrito».
Dos ofertas.
El pasado 15 de diciembre se cumplió el plazo para la presentación de ofertas destinadas a explotar la parcela en Arico. Se han recibido dos, tras la apertura del sobre 1. Corresponden a sendas uniones temporales de empresas (UTE): Arico Green Gas y Romeral Servicios Públicos. Esta última quedó excluida por haber presentado la propuesta fuera de plazo. El siguiente paso en el proceso será abrir el sobre 2 que recoge las características técnicas y económicas.
«Una propuesta avalada».
Javier Rodríguez resalta que «los informes técnicos emitidos por los funcionarios del Cabildo y el equipo de investigadores de la ULL avalan que la propuesta planteada es coherente con las políticas impulsadas desde Europa y los gobiernos central y autonómico para conseguir una gestión más sostenible de los residuos». El consejero añade que «Tenerife lleva 35 años enterrando residuos, un despropósito ambiental y energético». «Esta situación nos posiciona en el último escalón de la jerarquía de residuos, el más desfavorable: enterrar todo aquello que va a los contenedores, en nuestro caso la mayor parte». Rodríguez recuerda que «con el actual desarrollo tecnológico, los residuos pueden ser transformados en nuevos recursos y esta es la vía que queremos impulsar». «Frente a la línea que practica la oposición de enfrentar a través de la utilización de la mentira nosotros ofrecemos rigor e información técnica», deja claro, para asegurar: «Somos los únicos que aportamos documentación técnica que avala nuestras políticas, mientras otros han caído en la simpleza del no por el no». Para el consejero, «han querido insistir en el concepto de la incineración cuando estos procesos quedan expresamente excluidos de la licitación». Considera que «usar un término falso les conviene porque solo lo hacen para generar ruido y desgastar al gobierno». «Esta estrategia deja el interés general y el rigor en el manejo de la información en un segundo plano, siembra incertidumbre y perjudica a la ciudadanía», detalla.
Para el consejero, «con informes técnicos, el grupo de Gobierno defiende una licitación que cumple con la normativa, en la que se excluyen los procesos de incineración y no se desincentiva la separación de residuos». Apunta otra conclusión de los informes en el sentido de que esta tecnología «no es experimental», pues «se lleva a cabo con resultados sostenidos y más que comprobados». Para Rodríguez, la propuesta es «compatible y solidaria» con la implantación del quinto contenedor, «además de con la recogida selectiva que ya se realiza». Propugna que sea pronto una realidad en los 31 municipios de la Isla, «pero mientras esto sucede no podemos continuar enterrando residuos y hay que buscar alternativas», concluye el consejero insular.
