El Ayuntamiento de Buenavista del Norte mostró este martes 16 de noviembre de 2021 de forma pública su rotundo rechazo a la propuesta del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) de sancionar al municipio con 60.000 euros por verter las aguas residuales de su depuradora a un pozo absorbente. El alcalde, Antonio González (SSP), y la primera teniente de alcalde, Ángeles González (CC), comparecieron ante los medios para anunciar el contenido del pliego de descargo contra esta propuesta de sanción; solicitar la recusación del gerente del Ciatf, Javier Davara, como instructor de este expediente «por su parcialidad», y denunciar lo que consideran «una represalia» por su apuesta por un modelo de depuración extensiva o natural.
Antonio González resaltó que «no hay precedentes de ninguna sanción similar a ningún municipio de Tenerife» y advirtió de que esta multa «destrozaría las cuentas del Consistorio», ya que supone alrededor del 50% de la partida anual de inversiones. Para Ángeles González, «esta acción del Consejo Insular de Aguas es una represalia al Ayuntamiento» y supone «un agravio comparativo difícil de explicar de forma racional». En el caso de que su pliego de descargo no sea aceptado, el Gobierno local advierte de que se defenderá «de este atropello» en los tribunales.
Su recurso, presentado el pasado miércoles 10 de noviembre, subraya que las sanciones propuestas por el uso de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), ubicada en la vía de acceso a la Playa de Los Barqueros, «no tienen base». A juicio del Gobierno local, «la propuesta de sanciones no se sustenta y está llena de incongruencias y de ambigüedades», por lo que solicitan su inmediata anulación. El alcalde ya ha solicitado una reunión urgente con el presidente insular, Pedro Martín (PSOE), para abordar este asunto.
En Buenavista del Norte creen que este proceso sancionador contra el uso de una depuradora y un pozo absorbente «que funcionan de la misma manera desde hace al menos 15 años» está relacionado con el debate abierto respecto al sistema de depuración de la Isla Baja. «La ciudadanía y los municipios de la comarca apuestan por la depuración natural extensiva, con un sistema descentralizado, frente a la propuesta de depuración intensiva y comarcal que plantea el Cabildo», recalcan.
«Se trata de un debate ampliamente participado por la población y las instituciones de la comarca y en el que el gerente del organismo insular, Javier Davara, ha mantenido una confrontación activa con el gobierno municipal. Ha participado en múltiples reuniones con la finalidad de tratar diversos asuntos relacionados con los sistemas de depuración en la Isla Baja, manteniendo una actitud frontalmente contraria a los planteamientos de este Consistorio», según recordó el alcalde y según señala el documento que motiva su solicitud de recusación, «por no cumplir con los principios de objetividad e imparcialidad». Desde el año 2017, el pleno del Ayuntamiento de Buenavista del Norte se viene pronunciando en contra de la propuesta del propio Ciatf al reclamar «una solución descentralizada y extensiva». Hubo acuerdos en 2017, 2018 y 2019.
«No hay precedentes de ninguna sanción similar a ningún municipio de Tenerife»
Buenavista recibió primero una propuesta de sanción de 200 euros por la supuesta carencia de autorización administrativa para la depuradora. «El Ciatf cae en la contradicción de proponer una sanción por la falta de autorización tras haber advertido al Ayuntamiento, en junio de 2020, de que esa autorización iba a caducar. ¿Si no existía, cómo es que puede caducar?», se pregunta el alcalde buenavistero.
Todas las alegaciones y documentos entregados por el Ayuntamiento al Consejo Insular de Aguas de Tenerife «han quedado sin respuesta». Una situación que dio un giro el pasado 26 de octubre cuando el organismo insular anunció una segunda sanción, «por supuestos hechos tipificados de muy graves, que asciende a 42.359 euros, por daños al dominio público hidráulico debido a unos supuestos vertidos que no se identifican ni estudian previamente», lamenta el alcalde.
La resolución de incoación del expediente del Ciatf no indica, según Antonio González, «cuáles son las aguas continentales afectadas ni cuál es el daño ocasionado. Ni cuenta con informe técnico alguno que determine el daño asociado a esa sanción».
«Esta acción del Consejo Insular de Aguas es una represalia al Ayuntamiento de Buenavista»
La instalación de la depuradora de Buenavista del Norte estuvo a cargo de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias entre 1987 y 1989. Y su construcción fue subvencionada por la Consejería de Obras Públicas, lo que a juicio del municipio «evidencia que contó con las autorizaciones necesarias».
En su escrito, el Ayuntamiento de Buenavista del Norte advierte de que «resulta del todo inadmisible que el Ciatf impute a este Ayuntamiento el vertido que se viene realizando en la EDAR municipal cuando este consistorio lleva años intentando implantar modelos de depuración natural o extensiva que mejorarían las condiciones del vertido, contando, en todo momento, con el bloqueo del propio Ciatf».
Ángeles González acusa al Ciatf de «tratar de emplear su fuerza sobre una institución local, pero la voluntad del pueblo es clara y fuerte, así que pedimos respeto». El alcalde sentencia que «tratan de amedrentar al Ayuntamiento» mientras «bloquean todas las soluciones». Añade que «no permiten al área de Cooperación que aporte la financiación necesaria para redactar los proyectos de depuración extensiva y, a la vez, nos reclaman esos proyectos. Su actitud es incoherente».
