El Diputado del Común admitió la queja presentada por el colectivo de madres y padres de alumnos del Centro de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP) Punta Larga en Candelaria, contra el cambio de gestión del comedor en el curso 2022-2023. La asociación ampliará la información y los datos que durante los meses estivales han ido recopilando sobre el asunto y en defensa de que «prime la salud y la educación de los menores».
Estos padres y madres de alumnos se oponen a la privatización de la gestión del comedor escolar porque disminuye la calidad de la alimentación y encarece el servicio. La medida fue acordada por el Consejo Escolar en su reunión del pasado 29 de abril. Decisión que coincidió con la aprobación, por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, de un nuevo comedor con cocina, obra que licitó en mayo por 414.718 euros.
«No entendemos el afán privatizador de este servicio. Cualquier empresa privada de catering, por muy buena que sea, tiene su lógico y legítimo afán de lucro. Por eso, si hay algún margen de beneficio queremos que revierta en la calidad de la comida de nuestros hijos y en la calidad y mejora de las condiciones de aquellas personas que cocinan y los atienden en el comedor escolar», apuntan.
El colectivo de progenitores del CEIP Punta Larga traslada a la opinión pública su consideración de que, en el ámbito de la alimentación escolar, «se pierde el camino a seguir por lo aprobado en el Parlamento de Canarias y en sesión plenaria del Ayuntamiento de Candelaria». Para este colectivo, «es una clara contradicción que se aprueben medidas de gestión directas en las esferas políticas y, luego, no se implanten. Carece de toda lógica».
En el propio centro
Reivindican el mejor servicio de comedor para los alumnos beneficiarios del centro de Punta Larga, pero quieren, además, «que sea público y de gestión directa, comprometido con la calidad, con la gestión y con la responsabilidad alimentaria».
La gravedad de la decisión radica en que repercute tanto en la alimentación de los menores como en la economía familiar, manifiesta este grupo de padres y madres. Los mismos exponen que la privatización «conllevará el aumento de las cuotas» en un momento de crisis económica motivada por la pandemia. «Hay familias que no se pueden permitir pagar más por el servicio para cada hijo, porque las hay con más de uno en el comedor», señalan.
La puesta en marcha de esta campaña antes de que terminara el curso 2020-2021 se produjo después de que el Consejo Escolar optara por dar el visto bueno a la privatización del servicio de comedor. Entonces y ahora muestran respeto y dicen entender que se trata del órgano competente para tomar esta decisión, pero el colectivo sostiene que, en un centro con más de 700 alumnos, «los padres y madres tendremos que ser partícipes y ser informados de ciertas decisiones que afectan a prestaciones fundamentales para nuestros hijos». Una línea en la que mantienen su reivindicación y su lucha.
