El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha concedido 30 autorizaciones exprés a negocios de restauración para la colocación de terrazas en la vía pública desde que el sábado día 19 se adoptaron medidas excepcionales en Tenerife contra la pandemia de la Covid-19, que entre otras cosas prohíben a los bares y restaurantes servir en el interior de sus instalaciones. Los permisos transitorios se han dado con el informe técnico favorable de los técnicos municipales, según informó ayer el Ayuntamiento portuense en un comunicado de prensa.

La solución de las terrazas, puesta en marcha en la mayoría de municipios de la Isla para minimizar las consecuencias de las restricciones sanitarias, se ha visto acompañada en la ciudad turística por otras líneas de colaboración, como los más de 750.000 euros del presupuesto municipal que se ha destinado de forma extraordinaria a afrontar la crisis del tejido empresarial. Casi 250.000 euros han sido ayudas directas, acción que se pretende duplicar en los tres primeros meses. El Gobierno municipal portuense también ha suspendido la tasa de ocupación de dominio público, con lo que se han dejado de recaudar más de 300.000 euros.

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz informa asimismo de que además se han implementado bonificaciones a la tasa de basura, que han alcanzado el 50%, a los empresarios que lo han solicitado y que les ha supuesto hasta ahora un ahorro de 200.000 euros, una cifra que se verá aumentada ya que sigue en vigor la medida a la espera de nuevas solicitudes por parte del sector económico portuense.

Todas estas medidas se han tomado “sin poner en riesgo en ningún momento el equilibrio del presupuesto, básico para que la ciudad turística siga prestando los servicios esenciales”, aclara la nota.

Rechazada la subvención al mobiliario

El Gobierno municipal de Puerto de la Cruz (PSOE y ACP-Podemos) rechazó en el pleno del lunes una propuesta del PP para dar subvenciones a la adquisición de mobiliario para las terrazas en espacios públicos de hoteles, restaurantes y cafeterías, con una dotación de al menos 300.000 euros. El portavoz portuense popular, Ángel Montañés, criticó la negativa del grupo de gobierno y lo acusó de preferir “su deriva fiestera caótica”.