Los cuatro empresarios condenados el 28 de enero de 2016 como “autores criminales responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente”, por extraer áridos de manera ilegal durante más de 15 años en los barrancos de Güímar, se encuentran ahora con la posibilidad de pagar en lugar de restaurar los enormes hoyos que causaron con la actividad. Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia, fueron sentenciados a un año y tres meses de cárcel, prisión que eludieron entonces durante dos años con la condición de presentar el proyecto de restauración del equilibrio ecológico perturbado y acometer los trabajos. El cuarto condenado, Francisco del Rosario, sí cumplió condena de prisión.
El pasado lunes, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife emitió una diligencia que ordena trasladar al Ministerio Fiscal el informe, de 29 de octubre de este año, de la Dirección General de Industria y la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias sobre los planes de restauración de las explotaciones del ámbito de los Barrancos de Güímar. El tribunal requiere de la Fiscalía “que informe sobre la posibilidad o no de cumplimiento de las obligaciones de hacer impuestas a los condenados y entidades responsables para la reparación del equilibrio ecológico perturbado y, en su caso, sobre la sustitución de tal obligación de hacer por la de indemnización de daños y perjuicios”. Es decir, que indique si procede que los empresarios condenados restauren las canteras o paguen esa restauración.
Esta variante en el desarrollo de la ejecución de la sentencia genera preocupación entre las partes, si bien permanecen a la espera de conocer el informe que emita el Ministerio Fiscal. Advierten de que, en las condiciones actuales, solo habría un empresario que estaría en situación de hacer frente al pago del coste de restablecer el orden perturbado por su empresa: Antonio Plasencia. El resto, figuran como insolventes o carecen de recursos económicos y propiedades para asumir las fianzas establecidas por la justicia (requerirá actualización de precios) como garantía de que los responsables del delito ecológico costearán la restauración de la zona.
Prescripción de la condena
Esto ocurre cuando faltan 39 días para que se cumplan cinco años desde que fue emitida la condena. La acusación particular y el Ayuntamiento de Güímar esperan a que la Audiencia se pronuncie al respecto, pero entienden que se abre la posibilidad de que prescriba la responsabilidad civil de los condenados, que los eximiría del cumplimiento de la sentencia y del pago de 238.003.334,71 euros de fianza, resultante de la suma de las impuestas a cada uno de los empresarios afectados: Antonio Plasencia (66.422.000,46 euros), José Enrique Morales (62.936.683,02 euros), Francisco del Rosario (69.580.175,58 euros) y Pedro Sicilia (39.064.475,65 euros). Fianzas sobre las que Consistorio y la acusación reclaman su incautación.
La preocupación aumenta desde que la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias emitiera un informe, el pasado 2 de octubre, en el que refleja que los planes de restauración de las seis canteras de áridos en los barrancos de Güímar son inejecutables porque su aplicación generaría contaminación atmosférica, aportación al cambio climático, desasosiego público y daños para la salud. Todo ello como consecuencia de la necesidad de realizar 1.712.811 viajes de camión para rellenar los huecos dejados. La demora en emitir este informe (cuatro año y nueve meses después de promulgada la sentencia), de 37 páginas, es lo que abre la posibilidad de que prescriba la responsabilidad civil de los condenados.
Como parte de la argumentación contraria a las medidas propuestas por los empresarios condenados que presentaron planes de restauración, los técnicos de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Ejecutivo regional sostienen en el informe que “queda absolutamente claro que la restauración de estas canteras, de forma independiente o con un plan coordinado previo y bajo la fórmula del simple rellenado, más o menos completo, de la totalidad de los huecos actualmente existentes, supondría un impacto ambiental de tales dimensiones que superaría con mucho los limitados beneficios, de todo orden, que podrían obtenerse”.
Restauración sine díe
Ya en 2017, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dejó abierta la posibilidad de que la restauración de los barrancos de Güímar pueda prolongarse en el tiempo sin que eso signifique incumplimiento del fallo judicial. Así lo reconoció un decreto del letrado de la Administración de Justicia, que desestimó los recursos de reposición que interpusieron las direcciones letradas del Ayuntamiento de Güímar y de los agricultores afectados por las extracciones Jesús Segundo Jorge Díaz y Francisco Javier Hernández Armas contra la resolución dictada, en octubre de 2017, por el propio letrado. En ella, daba a entender que los areneros no tenían plazo para ejecutar la sentencia del año 2016. Y lo hacía como respuesta a un recurso que las defensas del consistorio y de los dos agricultores habían presentado tras tener conocimiento de que la empresa Hermanos Morales (José Enrique Morales) había presentado un plan de restauración a tres meses y medio del plazo de vencimiento.
Las canteras afectadas
Cabe señalar que los planes de restauración presentados y rechazados por el Gobierno de Canarias afectan a las canteras denominadas Badén II (Hermanos Morales), Badajoz (Áridos del Sur S.A.), Extracsa (Extracción de Áridos Canarios S.A.), Agache (Fulgencio Díaz, fallecido), El Llano II y El Fregenal (Francisco Javier del Rosario).
Asimismo, la acusación entiende que lo procedente es que la propiedad del suelo de las seis canteras de áridos pase a ser pública. En la actualidad, los titulares de las canteras son los condenados que, con la normativa de aplicación en la zona de los Barrancos de Güímar, tienen derecho a solicitar que se les autorice la extracción de árido.
