El alcalde de Güímar, Airam Puerta (PSOE), se reunió ayer con representantes de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias para tratar de buscar una solución a los planes de restauración de las canteras de áridos de los barrancos de Güímar, tras conocerse el informe de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias que considera que las actuaciones planteadas en la zona son inejecutables porque generarían contaminación atmosférica, aportación al cambio climático, desasosiego público y daños para la salud de los vecinos. Puerta valora este encuentro, confía en hallar una solución viable y lanza una advertencia: "Sería un auténtico escándalo que las administraciones públicas dejáramos escapar los 238 millones de euros que, por sentencia judicial, deben destinarse a restaurar esa zona de Güímar".

Puerta destaca que en el encuentro con la Consejería de Industria del Gobierno canario "quedó claro que no somos administraciones enemigas y que es necesario trabajar de forma conjunta para resolver este grave problema. En eso estamos todos de acuerdo y es algo positivo".

Después de la indignación inicial tras conocer el contenido del informe regional, Puerta se mostraba ayer más optimista: "Ha quedado bien claro que sería un escándalo que como administraciones públicas perdiéramos esta oportunidad, así que vamos a ponernos en marcha para contar con todas las garantías y avales para que eso no suceda".

El Ayuntamiento de Güímar celebra mañana viernes, a partir de las 11:30 horas, un pleno extraordinario en el que "se mostrará el desacuerdo municipal con el informe de la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, y se expresarán nuestras objeciones y las correcciones que estimamos que deberían ?incorporarse".

E Miguel Ángel Pérez. El viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez (PSOE), aclara que el informe emitido sobre los proyectos planteados por los condenados para restaurar las canteras de Güímar "no dice que la sentencia sea inejecutable, se limita a expresar que, por criterio técnico y desde un punto de vista exclusivamente medioambiental, esos proyectos presentados tendrían unos efectos más negativos que positivos".

Pérez lamenta la inacción del anterior gobierno, que "no hizo absolutamente nada" para dar cumplimiento a la sentencia de 28 de enero de 2016, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde se fija la responsabilidad patrimonial de los empresarios condenados.

"Nuestro gobierno aceleró todo el proceso desde el momento en el que tuvimos conocimiento de que no se habían producido avances. Y este informe sectorial no va en contra de la aplicación de la sentencia, sino de unos proyectos de parte que podrían generar un daño ambiental. El Servicio de Minas de la Consejería de Industria debe emitir el informe definitivo que se trasladará al juzgado y, a partir de entonces, si se rechaza esta propuesta, será la justicia la que determine qué administración debe plantear una solución alternativa", detalla Miguel Ángel Pérez.

El actual viceconsejero regional recuerda que durante su etapa al frente de la Consejería de Política Territorial del Cabildo de Tenerife "ya advertimos de que algunas propuestas planteadas para restaurar estas zonas de Güímar no eran viables, así que la situación no es completamente nueva". Pese a todo, Pérez tiene claro que "la sentencia se va a cumplir".