10 de octubre de 2020
10.10.2020
Polígono industrial Valle de Güímar

El juez cita a 12 autoridades y técnicos como investigados por los vertidos

La autoridad ve indicios de presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y prevaricación por vertidos al mar tras la denuncia que presentaron Sí se Puede e IUC

10.10.2020 | 00:08
El emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar.

Francisco Tuero González, juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Güímar, cita a declarar en calidad de investigados a 12 alcaldes, exalcaldes, concejales, exconcejales, directivos del Consejo Insular de Aguas de Tenerife y de la Asociación Mixta por presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y el supuesto delito continuado de prevaricación. La causa son los vertidos al mar que se producen desde el Polígono Industrial Valle de Güímar sin contar para ello con las preceptivas autorizaciones ni realizar los controles exigibles. Todo ello, en el marco del procedimiento abreviado iniciado en 2017 a raíz de la denuncia que presentaron Sí se Puede e Izquierda Unida (IUC).

El juez investiga la evacuación de aguas residuales industriales a través del emisario marítimo y otros puntos no autorizados en el Polígono Industrial del Valle de Güimar desde el 1 de agosto de 2007, que son los que aparecen debidamente documentados por el Gobierno de Canarias. El informe preliminar medioambiental elaborado por técnicos especializados, presentado el pasado 5 de agosto, concluye que "sí ha existido un riesgo evidente hacia la salud de las personas, el equilibrio de los sistemas naturales y la calidad de las aguas de baño", si bien queda pendiente "evaluar de forma más detallada el impacto en la calidad de las aguas receptoras". El contenido del informe pericial preliminar es "la inicial constatación indiciaria de relevancia penal en los hechos investigados".

En su auto del pasado día 2, el juez hace un relato pormenorizado de los supuestos incumplimientos en los que incurre el proceso de los vertidos al mar desde el complejo industrial del Sureste, llegando a asegurar que los mismos se produjeron de forma continuada incurriendo las partes, de una u otra manera, en "situación de dejación o abandono", percibiendo intencionalidad en la caducidad de las autorizaciones necesarias de concesión para la ocupación de dominio público marítimo-terrestre y en la extinción de la autorización de vertido, algo que fue advertido por la Viceconsejería de Medio Ambiente a la entidad gestora del Polígono.

En el auto, el juez reconoce que desde "la persistente situación de descontrol e inacción" detectada desde agosto de 2007, y tras la incoación de la presente causa penal, el 8 marzo de 2017, "sí ha existido, desde todos los organismos públicos implicados, una intensa actividad dirigida a superar aquella situación de dejación y abandono", promover la legalización y "subsanar las múltiples deficiencias". En todo caso, quiere determinar la responsabilidad de la "posible inacción que, en relación a la aparente continuidad de los vertidos ilegales de aguas residuales industriales (en este Polígono), con posible impacto ambiental y en el marco de sus respectivas competencias y responsabilidades, se puedan haber seguido en las distintas Administraciones públicas e industrias implicadas".

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