El Cabildo de Tenerife ha iniciado una línea de actuación a través de la que asesorará a once municipios de la Isla para que puedan poner en marcha o desbloquear sus normativas de gestión urbanística. El objetivo es que ayuntamientos con limitaciones económicas o con problemas de personal puedan sacar adelante o modificar documentos como sus planes de ordenación o sus planes especiales. La carencia de estos instrumentos de ordenación del territorio, a través de los que se clasifica el suelo y se definen los equipamientos para cada municipio, puede suponer un problema para poner en marcha algunas actuaciones o dotar a las localidades de ciertas instalaciones.

El consejero responsable del área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, José Gregorio Martín Plata, presentó ayer este proyecto cuenta con una financiación de 375.000 euros este año. El responsable insular explicó que esta convocatoria se abrió a todos los municipios de la Isla, para después seleccionar aquellas iniciativas que necesitaran de un mayor apoyo insular, priorizando las de los ayuntamientos con menos población, ya que cuentan con menos recursos para acometer este tipo de normativas.

De esta manera, en esta convocatoria se han visto beneficiados los municipios de San Juan de la Rambla, Buenavista del Norte, Fasnia, Arico, Santiago del Teide, Puerto de la Cruz, Granadilla de Abona, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula y Tacoronte.

Martín Plata señaló que han sido los propios técnicos insulares los que han valorado si las propuestas de los ayuntamientos podían ampararse en esta línea de ayudas impulsada por el Cabildo tinerfeño.

El consejero aseguró que algunos municipios de la Isla "se ven obligados a no poder acometer determinadas actuaciones porque no tienen el instrumento de ordenación que se los permita". Sin embargo, "muchos municipios no tienen recursos ni personales ni económicos para ponerlos en marcha".

Entre los instrumentos de planeamiento que se tratarán de desbloquear a través de este asesoramiento está la adaptación de las antiguas normativas subsidiarias a la actual ley, el desbloqueo de planes especiales que se encuentran paralizados o la modificación de planes generales de ordenación.

Martín Plata expone que no contar con este tipo de normativas actualizadas ocasiona problemas a los municipios, que en ocasiones no pueden acometer actuaciones para dotar de servicios e instalaciones a los propios vecinos porque no cuentan con un instrumento que se los permita.

El consejero insular valoró la labor de colaboración que se ha realizado entre los técnicos insulares y el personal de los propios ayuntamientos. El trabajo que se llevará a cabo a través de este convenio durará tres años. En este primer año se realizará la elaboración de las memorias de los proyectos y en 2021 y 2022 se redactarán los documentos y se aprobarán las diferentes normativas municipales.