El gobierno municipal de Güímar está obligado a elaborar un expediente por cada una de las 21 viviendas del barrio de Santa Lucía incluidas en el decreto de desalojo y precinto por "riesgo inminente" de desprendimiento del talud. La medida está contenida en el auto del Juzgado de Güímar en el que se inadmite a trámite el documento remitido por el Ayuntamiento por entender que incurre en "defecto de forma". El juez concede al Consistorio un plazo de 30 días para que materialice la notificación individualizada y no acumulada, como ha tramitado el grupo de gobierno.
"No se descarta absolutamente nada, porque los vecinos están decididos a llevar este asunto hasta el final", señaló ayer Rafael de Armas, vicepresidente de la Asociación de Vecinos Santa Lucía. El mismo explica que "después de un mes sufriendo, porque el Ayuntamiento actuó sin razón, ahora los afectados toman cartas en el asunto hasta que se diluciden responsablidades".
De Armas critica la "inexplicable prisa" del gobierno local para intervenir en Santa Lucía "generando inquietud constantemente" entre la población afectada, "que ha recibido hasta cuatro notificaciones municipales". Como dato curioso, el dirigente vecinal informa de que entre tales comunicaciones "las hay para personas fallecidas, algunos hasta hasta hace 25 años". A su juicio, lo que está sucediendo en Santa Lucía "constata que el municipio está en manos de chicos menudos".
La representación legal solicitó al Juzgado la comunicación correspondiente al objeto de "realizar los preparativos a que haya lugar porque los vecinos no van a detenerse ahora. Seguirán adelante en legítima defensa de sus intereses". A mediados del pasado mes, hicieron público que estudiaban la presentación de un recurso Contencioso-Administrativo por presunta prevaricación y para pedir compensaciones económicas por los daños causados.
Legislación aplicable. El artículo 35 La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa dicta que, en estos casos, la notificación a cada afectado debe tener carácter individual y no de forma acumulada, "como se hizo", especifica el alcalde de Güímar, Airam Puerta,
El regidor güimarero sigue mostrándose optimista y asegura que el proceso para acometer los trabajos de protección y estabilización del talud de Santa Lucía "no se paralizan". Declarada la intervención de emergencia, ayer se mostró decidido "a que la semana próxima comiencen las obras. Vamos a ver si somos capaces de que así sea". Puerta entiende que "el decreto, las notificaciones y todas las gestiones y estudios que forman parte de este expediente no quedarán en vano".
Transcurridos 24 días desde la primera comunicación, ninguna de las 21 viviendas que pretendió desalojar y precintar el gobierno municipal de Güímar está deshabitada en el barrio de Santa Lucía, del litoral de Agache.
La zona afectada. Las viviendas que se encuentran entre los números 94 y 116 están incluidas en un decreto motivado porque el domingo 5 de junio de 2011 tuvo lugar un desprendimiento en la cueva del barrio, afectando a algunas de las viviendas situadas en ella y procediéndose al desalojo de varias casas del lugar y del entorno, así como al realojo de sus habitantes. Sería a las cinco y media de la madrugada del 19 de octubre de 2017 cuando quedara constancia de otro desprendimiento de rocas, esta vez sobre el número 96 de la carretera TF-616, que dañó 32 tejas de la casa cueva. Desde entonces no ha sucedido nada reseñable que motivara intervención de emergencia alguna.
Ese es el tramo que requiere de la actuación urgente que está gestionando el alcalde y su gobierno municipal, sin obviar que el resto de la zona afectada por el riesgo de desprendimiento, que abarca del número 117 al 140 y que completa la cifra de 34 casas afectadas, no se considera de riesgo inminente y precisa de otro proyecto.
El decreto. Con el número 2019-4892, el 4 de diciembre pasado el alcalde, Airam Puerta, reiteró la orden de "inmediato desalojo" de estas viviendas "por razones de seguridad para las personas" -al estar vigentes tres decretos emitidos en 2011 (los números 2262, 2301 y 2992)-, así como "el precinto acordado por el Decreto 2196/2011, de 9 de junio, de las calles El Delfín, La Fula y El Culaso". El desalojo y precinto se basa en que los informes técnicos constatan "la situación de riesgo inminente de desprendimiento de rocas en la zona de Los Barrancos-Santa Lucía" desde el talud.
