Dos informes remitidos por la Subdelegación del Gobierno al Cabildo de Tenerife rechazan que el personal de Tragsa, que fue formado para ejercer de guardas rurales en el Parque Nacional del Teide, pueda desempeñar las tareas de vigilancia que han venido realizando. Así lo constata la consejera de Gestión del Medio Natural y Seguridad, Isabel García, quien afirma que a pesar de que desde su llegada al cargo ha hecho todo lo posible por solventar el problema de estos trabajadores, actualmente no cuenta con ningún amparo para que puedan seguir realizando estas tareas, ya que la Subdelegación ha insistido que su situación va en contra de la Ley de Seguridad Privada.
García explica que las tareas de vigilancia y control no entran dentro de las funciones de Tragsa por lo que tiene que ser una empresa de seguridad la que se haga cargo de estos trabajos en el parque. Así lo concluyen estos informes que la Consejería insular solicitó para dilucidar la situación de este personal, que fue formado para ejercer estas tareas en el Parque, pero que tuvo que dejar de hacerlo tras una denuncia por "intrusismo" presentada por el sindicato USO y la Asociación de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias (Afmacan).
De esta manera, la responsable insular insiste en que Tragsa se ha comprometido a reubicar a los trabajadores para que realicen otras tareas y así no pierdan sus puestos de trabajo.
Sin embargo, el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) afirmó ayer a través de un comunicado que recientemente se les ha informado a los trabajadores afectados de que "que la empresa despedirá a la gran mayoría del personal de vigilancia y que en cuanto al personal fijo de plantilla, al parecer serán recolocados en obras como peones y unos pocos ocuparán puestos en el Parque Nacional del Teide desplazando a otro personal de Tragsa que también será despedido".
Algo que el sindicato califica de "despropósito", ya que estos trabajadores "llevan mucho años desempeñando una importante labor de vigilancia e información en el parque" a través de la que han adquirido "formación y experiencia, por lo que están perfectamente capacitados para desempeñar funciones de apoyo a la vigilancia".
CCOO considera que de consumarse la decisión sería "un grave error" y "un paso atrás en cuanto a la gestión de este espacio natural protegido", ya que consideran que la función de protección de la integridad de los ecosistemas de la zona les es ajena a la seguridad privada, así como la labor de información.
En este sentido, el sindicato afirma que "la Ley de Seguridad Privada define de manera indubitada que el Parque Nacional del Teide no entra en el ámbito de actuación del personal de seguridad privada", ya que CCOO asegura que no se trata de "una finca rústica, ni hay caza ni explotaciones agrícolas", por lo que, según su consideración, las labores de vigilancia de este espacio no deberían ser función de la vigilancia privada.
