Un juez ordena el primer embargo contra una empresa de 'timesharing' en Arona
Los afectados ponen en conocimiento de la Fiscalía Provincial la presunta descapitalización de la sociedad Silverpoint Vacations, SL, a la que le embargan tres fincas por 62.590,98 euros
Una de las instalaciones de Silverpoint Vacations, SL. / GOOGLE MAPS
J.A. Medina | Adeje
El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arona decretó el embargo de tres fincas de la empresa Silverpoint Vacations, SL, para el cobro de una deuda de 62.590,98 euros derivada de la reclamación de clientes que, habiendo adquirido un inmueble en régimen de vacaciones a tiempo compartido o timesharing, no se beneficiaron de la reventa lucrativa que establecía el acuerdo.
En enero de 2017, el Tribunal Supremo contradijo a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que, hasta entonces, rechazaba las reclamaciones de los clientes ante la empresa. El TS le reconoció no solo como compradora, sino como consumidora a una pensionista.
El Supremo determina que la empresa de timesharing debe facilitar toda la información del producto al cliente potencial, hecho que Silverpoint incumplió en esta y en unas 200 sentencias en firme (un centenar emitidas por el TS) de los casos que gestiona el despacho Canarian Legal Alliance.
Esa carencia a la hora de poner en conocimiento del cliente la totalidad de las condiciones y características de este sistema de compra-venta es uno de los factores fundamentales en las condenas. A ese aspecto se añaden prácticas comerciales engañosas, contratos sin incluir requisitos fundamentales, cuotas de mantenimiento sin determinar, exceder el tiempo de 50 años establecido por norma para la venta de los derechos del comprador y el cobro de anticipos, por parte de la empresa, durante los tres meses posteriores a la firma del contrato.
En la actualidad, y teniendo en cuenta las dificultades para percibir las cantidades pendientes de cobro y definidas por vía judicial, los afectados han presentado una denuncia ante la Fiscalía en la que "cientos de clientes" de la empresa de timesharing, que tienen en su haber sentencias en fase de ejecución, ponen en conocimiento del Ministerio Fiscal la posible descapitalización de la empresa condenada.
A ese objetivo, esta denuncia persigue -además de detener "el vaciado de cuentas, el cierre de sociedades y la presunta simulación de compraventas para reducir el patrimonio la sociedad" y aclarar que es la posible fórmula empleada por la sociedad condenada "para eludir el pago de las condenas"- advertir de que "la presunta descapitalización en fraude de acreedores implicará que la venta de inmuebles y el desvío patrimonial sean sometidos a nulidad".
Las dificultades que Silverpoint pone, llegando a no informar al juzgado de sus bienes embargables, motiva la apertura de juicio contra un representante de la empresa por un presunto delito de obstrucción a la justicia y frustración de la ejecución, señalan desde Canarian Legal Alliance.
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