Los miembros del Tribunal del Jurado declararon, por unanimidad, que Germán Ortega Botín es culpable de los delitos de los malos tratos habituales y el asesinato de su madre, Eduvigis Patricia, en el interior del domicilio de esta última, en la calle Enrique Mederos, en el municipio palmero de Los Llanos de Aridane en febrero del 2019.

El veredicto se conoció a las 16:00 horas de ayer, después de que el juicio se desarrollara entre el lunes y el miércoles en la Sección II de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, mientras que en la mañana de ayer se entregó el escrito para que los miembros del Jurado determinaran la culpabilidad o no del acusado.

Los ciudadanos que integraron el Tribunal Popular consideraron probado que la mujer regresó en octubre del 2018 a la mencionada vivienda, después de que tuviera que irse a residir con su nieto y la pareja de este durante un corto periodo de tiempo, ya que no soportaba las agresiones físicas y psicológicas por parte de Germán.

El Jurado consideró probadas las agravantes de parentesco (pues era su madre) por unanimidad y la de género (que la mató por su condición de mujer) por mayoría (siete votos a favor contra dos en contra).

Sin embargo, el Tribunal, que estuvo presidido por el magistrado Jaime Requena, no consideró probado que el acusado tuvieran una adicción tan grave a las drogas para no saber lo que hacía en el momento en que le propinó numerosos golpes durante muchos días a su progenitora para pedirle dinero para comprar estupefacientes, como había planteado en sus conclusiones iniciales y finales la abogada de la Defensa, Nieves María Expósito.

Durante la lectura de sus conclusiones, el portavoz del Jurado explicó que también habían hallado probado que Ortega Botín dejó de facilitar alimentos a su madre en los últimos días de vida y llegó a intentar asfixiarla mediante la utilización de un cable alrededor del cuello, por lo que a la víctima le quedó un surco compatible con el trozo que se halló en un contenedor cercano a la casa.

También ratificaron que la víctima recibió diversos traumatismos en varias partes del cuerpo, lo que, al final, le provocó la muerte por fallo de diferentes órganos e insuficiencia respiratoria. Sin embargo, durante la vista quedó claro que el implicado no llamó para solicitar asistencia para intentar salvar a su madre ni la ayudó él mismo.

Ante los numerosos golpes que recibió, la víctima no tuvo oportunidad alguna de defenderse. Era una persona de poco más de 1,50 metros de altura y 45 kilos de peso. Además, en sus últimos días con vida tuvo un gran sufrimiento y dolor, por las características de las lesiones causadas; por ejemplo, las fracturas de costillas le molestaban mucho para respirar.

El fiscal delegado de Violencia de Género en Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, solicitó para el acusado 22 años de prisión, de los que 21 son por el asesinato y uno más por los malos tratos habituales.

La letrada de la Acusación Popular, ejercida por el Instituto Canario de Igualdad (ICI) del Gobierno autómo, reclama 28 años de cárcel (25 por la muerte violenta y tres más por las agresiones físicas y psíquicas). Y la abogada de la Defensa pide la pena mínima en estos casos.