Las denuncias al centro de menores de Mogán obligan al desalojo urgente

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha abierto una investigación por las presuntas agresiones sexuales y prostitución en el centro de acogida de menores migrantes no acompañados ubicado en el complejo de apartamentos Porto Bello, en la localidad turística de Puerto Rico, tras tomar declaración al director de las instalaciones y constatar que 11 de los internos están en paradero desconocido. En los próximos días se citará a los trabajadores y a los menores.

En paralelo, el Gobierno de Canarias ha iniciado el traslado de los menores migrantes a otras instalaciones de Mogán y de Las Palmas de Gran Canaria, después de que la propia Fiscalía y el Ayuntamiento sureño insistieran en la necesidad de cerrar el centro de Porto Bello. La existencia de ese espacio provisional se ha vuelto a criticar tras la denuncia anónima de algunos de sus trabajadores por presuntas agresiones sexuales a uno de los internos, así como el ejercicio de la prostitución de tres de ellos dentro y fuera del edificio.

Tras desvelarse un informe remitido al Consistorio de Mogán en el que esos supuestos empleados relatan las agresiones sexuales y numerosas irregularidades en el funcionamiento del centro, la Fiscalía tomó declaración ayer mismo al responsable de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, la entidad que gestiona ese centro, y decidió incoar diligencias de investigación.

La Guardia Civil también anunció que investigará la veracidad de los hechos denunciados de forma anónima por los trabajadores del centro y señaló que hasta ahora solo tenía constancia de altercados e incidentes protagonizados por menores internados en el centro, pero no abusos sexuales ni las demás irregularidades que se incluyen en ese informe anónimo.

Al igual que el Gobierno de Canarias, tanto la Fiscalía como la Guardia Civil expresaron su sorpresa por la forma en que se han comunicado esos presuntos delitos contra los menores tutelados, pues no existe ninguna denuncia, ni por escrito ni verbal, por parte de los trabajadores, pese a la gravedad de los hechos que se narran en el escrito al Ayuntamiento. Al respecto, las fuentes consultadas explicaron que probablemente se llamará a declarar a la totalidad de los empleados de la entidad que gestiona Porto Bello y a los menores migrantes que hayan sido reconocidos como acusados o víctimas de esas agresiones.

Aunque en el último recuento semanal de la Guardia Civil se tenía constancia de la fuga de nueve de los 120 migrantes de origen magrebí acogidos en esas instalaciones, el director del centro elevó a 11 el número de menores en paradero desconocido. Entre esos fugados se encuentra el chico que fue víctima de «repetidas agresiones sexuales» por parte de otros dos internos, que según los trabajadores denunciantes seguían en ese complejo de apartamentos pese a la constatación de que ya eran mayores de edad en el momento de las agresiones.

La Fiscalía recordó ayer que ha instado varias veces a la Dirección General del Menor del Gobierno canario a trasladar a los menores acogidos provisionalmente en estos apartamentos de Mogán. De hecho, los incidentes sobre los que se ha tenido conocimiento, por peleas, daños en el mobiliario o insultos a monitores, entre otros, han sido tramitados y algunos han derivado en la adopción de medidas judiciales sobre sus autores.

En declaraciones a Efe, la portavoz Beatriz Sánchez puntualizó que le consta que el Gobierno regional tiene intención de realojar a estos menores en un centro adecuado.

Denuncia formal

El Gobierno de Canarias, tras concluir una investigación interna desde la Dirección General de la Infancia, ha presentando una denuncia formal tanto ante la Unidad del Menor de la Policía Canaria como ante la Fiscalía, con el fin de dar trasladado de la denuncia anónima, según adelantó la consejera Noemí Santana en un encuentro con periodistas.

Además en la denuncia, se recogen posibles nombres y no establece límite temporal sobre los hechos, así como se hace referencia a las deficiencias encontradas en el centro».

La consejera dijo que desde su departamento se actuará «con contundencia» ante los hechos denunciados, aunque matizó que «quien debe resolver es la Policía y la Fiscalía».

El Gobierno autonómico acompañará esas actuaciones y se personará «en cualquier causa si se ve que hay indicios de esos delitos». A su juicio, su consejería ha hecho «lo que tenía que hacer, ponerlo en conocimiento de la policía y de la justicia».