Los investigadores de la Policía Nacional y la Guardia Civil barajan la posibilidad de que hayan escapado al extranjero dos de los presuntos implicados en el caso Arbistar, la supuesta estafa en bitcoins desarrollada desde Tenerife y que afecta, como mínimo, a decenas de personas. Desde el pasado mes, el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona ha dictado órdenes de búsqueda y captura sobre los sospechosos. El 21 de octubre fue detenido en la localidad de Araya, en el municipio de Candelaria, Santiago Fuentes Jover, el líder de la organización empresarial que captaba fondos de inversores de diferentes localidades de Canarias, España y en el extranjero. Y a otros dos presuntos implicados en la trama se les instruyeron diligencias como investigados. Tras ser puesto a disposición judicial, Santiago Fuentes Jover quedó en libertad provisional con cargos y está acusado de los delitos de estafa, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Durante la jornada de ayer, lunes, la Policía Nacional y la Guardia Civil informaron de forma oficial, a nivel nacional, sobre la operación Start, como denominaron este asunto. Los cuerpos de seguridad confirman que realizaron cuatro registros en oficinas y domicilios situados en Candelaria, Arona y Adeje. Y también recordaron que se trata presuntamente del tipo de estafa conocida como Ponzi.
Engaño a los nuevos inversores
En un fraude de estas características, también llamado piramidal, las ganancias que obtienen los primeros inversores son generadas gracias al dinero aportado por ellos mismos o por nuevos inversores que caen engañados por las promesas de obtener grandes beneficios. En este caso, a los potenciales clientes se les ofrecía enajenar sus bitcoins en diversos mercados específicos, con el objetivo de lograr revalorizaciones de sus ahorros de entre un 8 y un 15 por ciento al mes, según las diligencias elaboradas por los investigadores. Como explicaban la Policía Nacional y la Guardia Civil, el sistema funciona solo si crece la cantidad de nuevas víctimas (inversores o clientes).
Durante la actuación de los investigadores fueron intervenidos tres vehículos de alta gama, abundante documentación y dispositivos electrónicos en los que se supone que puede haber información de interés para la causa. Además, los agentes procedieron al bloqueo de numerosas cuentas bancarias a nombre de las personas investigadas.
Las gestiones para esclarecer el asunto comenzaron en septiembre, a raíz de que tres afectados por el bloqueo de operaciones en productos de Arbistar interpusieran sus respectivas denuncias por estafa. Y, de forma paralela, se obtuvo información de actividades financieras sospechosas recibidas en unidades centrales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. De esa manera fueron detectados otros 23 perjudicados más. Pero esa cifra puede suponer una parte ínfima de la cantidad de potenciales afectados, según algunas fuentes, que citan lo expresado en un primer momento por el propio cabeza visible de la supuesta trama.
Un centenar más de víctimas
Tras el arresto de Jover hace casi un mes, la abogada grancanaria Conchi Viera interpuso el 26 de octubre una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona, en la que incluye a alrededor de un centenar de afectados más, que eran poseedores de unas 150 cuentas en Arbistar. Viera recuerda que el juez decretó el secreto de sumario, “por lo que se conocen pocas novedades”. Según dicha letrada, ya se han puesto en contacto con ella varias decenas más de afectados, por lo que prevé ampliar esa primera denuncia colectiva. Si los profesionales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y el Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil consideran implicados en el fraude a cinco personas (el citado Santiago Fuentes Jover, A.C.F., I.G.E., D.F y V.F.), la abogada incluye a otros dos individuos más, como son J.A.R.P y A.L.
Sin facturas ni justificantes, “nada está garantizado”
Arbistar 2.0, que estaba inscrita en la Zona Especial Canaria (ZEC) para pagar menos impuestos, ofrecía sistemas informáticos que permitían programar estrategias de inversión en criptomonedas y comercializar con ellas 24 horas al día. Pero, a la vez, desde la citada mercantil se articuló un sistema para canalizar el dinero de los inversores, a través de monederos digitales, para distraer el control de esos fondos. Los agentes recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana para esclarecer estos delitos y determinar el alcance del fraude. Sobre los supuestos beneficios que podían lograr, los inversores tenían dos opciones. Una consistía en cobrar en bitcoins, a través de los wallets (monederos virtuales) cada sábado. Y la otra era “reinvertir” en productos de la compañía liderada por Fuentes. Las primeras personas que adquirieron uno de los software, el Pro Personal Bot, debieron pagar 3.000 euros. El resto abonó entre 5.000 y 8.000 euros. La letrada Conchi Viera refiere que, por ejemplo, una vez que se hacían esas aportaciones, desde Arbistar no emitían factura alguna, sino que, cuando finalizaba el proceso de inversión, a cada cliente le llegaba una imagen en la cual figuraba la cantidad que había colocado en la sociedad. Y tampoco se justificaba la contratación de cada producto, sino que se recibía un mensaje para aclarar que la operación había sido validada. En una condición del contrato, se establece que “las aportaciones tienen riesgos, ya que se depositan en carteras que manejan diversas entidades y pueden estar expuestas a factores externos de vulnerabilidad”. Y se añade que, “por lo tanto, tanto el capital como el beneficio obtenido por nuestro software se negocian con movimientos que pueden depender de entidades externas como exchanges (agencias de cambio o compraventa de criptomonedas) y otros medios. Nada está garantizado, aunque contamos con uno de los mejores equipos de ciberseguridad del mundo y expertos en este mercado muy rentable”. | P.F.
