La fiscal solicita un total de 14 años de prisión para una policía nacional que, hace más de cuatro años, presuntamente cometió los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de moneda. Los hechos ocurrieron en la Comisaría de La Laguna y, según el Ministerio Público, la citada agente se apropió de 1.900 euros de una cantidad muy superior que previamente había sido intervenida por sus compañeros en el cuerpo de seguridad. Y, para tratar de evitar que la descubriera, supuestamente colocó billetes falsos en el lugar del dinero real.
La próxima semana está previsto que se desarrolle un juicio con Tribunal de Jurado en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Cuando ocurrieron los hechos, la encausada estaba en el servicio activo y se hallaba destinada en el Grupo III de Estupefacientes del mencionado centro policial, según consta en el escrito de calificación del fiscal.
La mencionada unidad de paisano, adscrita a la Policía Judicial, habían intervenido el 5 de abril del 2016 una cantidad total de 66.725 euros durante una operación dirigida contra una organización integrada por ciudadanos de origen nigeriano. Los acusados fueron trasladados a los calabozos y el dinero quedó en una dependencia de dicha Comisaría.
Según el Ministerio Público, la mujer, "con total desprecio hacia las funciones públicas que le fueron encomendadas y con ánimo ilícito de aprovechamiento económico, urdió un plan para apoderarse de dos billetes de 200 euros y tres billetes de 500 euros" (1.900 euros en total).
El mismo día, a las 23:30 horas, la funcionaria presuntamente se conectó a internet desde su casa y accedió a un enlace de la página del Gobierno de Murcia, donde se muestran billetes de curso legal y sus caracteres técnicos, medidas de seguridad, incluido su número de serie, según la investigación efectuada.
Para el fiscal, la mujer se valió de su condición de policía y, entre el 5 y el 13 de abril del 2016, se apoderó de los mencionados billetes, que sustituyó por cuatro billetes de 500 euros y otros dos de 200, que presuntamente ella misma había elaborado e impreso. El Ministerio Público también pide para ella 9 años de inhabilitación para empleo público, multa de 4.800 euros y devolver los 1.900.
