19 de septiembre de 2020
19.09.2020

Comienza el juicio por el presunto fraude de Islas Airways con billetes de residente

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Concepción al que acusa de presuntamente haber estafado 3,4 millones de euros al Estado

19.09.2020 | 19:51
Una de las aeronaves de Islas Airways

La sección sexta de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife comenzará el lunes el juicio contra el empresario y presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, por un presunto delito de estafa en la gestión de las subvenciones del Estado al transporte aéreo de los viajeros residentes en Canarias por parte de la desaparecida Islas Airways.

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el empresario, al que acusa de haber estafado al Estado 3,4 millones de euros con el cobro irregular de subvenciones al transporte aéreo de residentes.

El Ministerio Público también formula cargos contra las dos hijas de Concepción, quienes formaban parte junto a su padre del consejo de administración de Islas Airways mientras se produjo la presunta estafa, entre 2008 y 2011.

Como alternativa al delito de estafa, la Fiscalía formula acusación por delito de fraude de subvenciones, por el que pide tres años de prisión para los tres encausados.

La petición de la Fiscalía responde a la denuncia presentada en 2012 por el Ministerio de Fomento contra la compañía aérea por fraude en las subvenciones a residentes canarios.

En sus conclusiones provisionales, la acusación pública estima que los tres miembros del consejo de administración y la propia compañía, se pusieron de acuerdo para liquidar al Ministerio de Fomento cantidades superiores a las que habrían correspondido por la bonificación de las tarifas aéreas a los pasajeros residentes canarios.

En los vuelos interinsulares, los residentes tenían entonces un descuento del 50 % en el precio del billete y el Ministerio de Fomento abonaba la subvención directamente a las compañías aéreas por el procedimiento de liquidación.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los procesados manipularon la información remitida mensualmente a la Dirección General de Aviación Civil a través de los ficheros de vuelos, "en los que hacían constar a sabiendas cantidades superiores a las realmente pagadas por los usuarios".
En algunos casos, el presunto fraude consistía en liquidar a Fomento una tarifa completa cuando en realidad el pasajero había obtenido descuentos por programas de fidelización mediante puntos.

En otras ocasiones, según la acusación, los acusados declararon precios hasta tres veces superiores a la tarifa.

Una tercera vía para sobrefacturar consistía en liquidar a Fomento billetes de la tarifa más cara a pesar de que "que ni siquiera habían sido pagados por el pasajero, por tratarse de comisiones de servicio de empleados, billetes de cortesía o billetes para empleados y sus familiares".
Las cantidades indebidamente percibidas por estos métodos, según los cálculos de la Fiscalía, fueron 64.449,19 euros en 2008, 98.575,33 en 2009, 428.014,86 en 2010 y 2.827.882,98 en 2011.

Además de la responsabilidad penal, la fiscal pide por responsabilidad civil a los tres acusados y a la compañía una indemnización al Ministerio de Fomento por los más de 3,4 millones de euros indebidamente cobrados.

El procedimiento penal y civil viene precedido de una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en 2015 declaró probada la sobrefacturación y por tanto confirmó la decisión de la Dirección General de Aviación Civil de retener el pago de 4,44 millones de euros a Islas Airways y de exigirle la devolución de otros 3,09 millones.

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