La Guardia Civil, con el apoyo de Europol y en colaboración con la Agencia Estadounidense para el Control de Drogas (DEA) y la Dirección Antinarcóticos (Diran) de la Policía Nacional de Colombia, llevó a cabo la denominada operación Guayota, con la que se consiguió desarticular una organización delictiva dedicada al narcotráfico y al blanqueo de los beneficios obtenidos por este tipo de actividad.
La operación se inició hace dos años, cuando, a través de los canales de colaboración internacional policial en los que opera el Instituto Armado, se tuvo conocimiento de la posible existencia de una organización criminal asentada en Tenerife, que generaba grandes cantidades de dinero en efectivo a destacados cárteles de la droga en Colombia y Perú.
Investigación conjunta
Una vez que esta información fue analizada por parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) y el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de Canarias, y ante el elevado número de posibles miembros de la citada banda, así como por su ámbito de actuación internacional, se formó un equipo conjunto de investigación policial entre las autoridades españolas, colombianas y estadounidenses.
Esta coordinación y colaboración entre agentes de los tres países resultó clave para llegar a identificar a la mayoría de las personas vinculadas con esta organización, que, además de las actividades delictivas ya mencionadas, pusieron de manifiesto la introducción de continuas partidas de cocaína desde Sudamérica a España, principalmente por vía marítima y con destino siempre a las Islas Canarias.
Toda esta forma de operar era supervisada en origen por un ciudadano colombiano residente en Cali, que intermediaba entre los proveedores de la sustancia estupefaciente en Colombia y los receptores de la misma en España. Estos últimos, una vez que estaban en posesión de la "mercancía", le daban salida en partidas más pequeñas ocultas en autocaravanas mediante numerosos viajes entre las distintas islas del Archipiélago.
Todos estos transportes de la sustancia estupefaciente entre islas se llevaban a cabo aprovechando la cobertura legal que les proporcionaba una estructura societaria controlada por la organización, consistente en empresas de compra-venta de vehículos, talleres mecánicos y depósitos de almacenaje de caravanas. En uno de los trayectos los guardias civiles intervinieron 60 kilos de cocaína.
Como dato novedoso, hay que destacar que una de las ramas de la investigación, centrada sobre un integrante de este grupo delictivo de origen ghanés, permitió a los investigadores recabar y corroborar información acerca de la conocida como ruta africana de la cocaína. Esta vía de introducción de la droga es empleada por las organizaciones de narcotraficantes sudamericanas, a través de países ubicados en la costa oeste del continente africano, donde la sustancia estupefaciente se almacena hasta su posterior envío a costas españolas.
La operación culminó con la detención de 11 personas de nacionalidad española en distintos municipios de Tenerife, así como del súbdito colombiano, que en la actualidad se encuentra en proceso de extradición para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales españolas. Los guardias civiles hicieron siete registros domiciliarios de manera simultánea en España y Colombia. La información obtenida en esas entradas fue compartida en tiempo real con una Oficina Móvil de Europol desplaza hasta a Tenerife.
De la misma manera, los investigadores identificaron y embargaron un patrimonio valorado en más de dos millones de euros, entre efectos, viviendas y vehículos, titulados en muchas ocasiones por personas interpuestas, también conocidas como "testaferros".
La operación fue llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO y el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de Canarias, junto con el apoyo de la Unidad Investigativa Contra el Lavado de Activos de la Dirección de Antinarcóticos (Diran) de la Policía Nacional de Colombia, Grupo de Reserva y Seguridad número 8, Grupo Cinológico de Tenerife y Servicio Fiscal del Puerto de Santa Cruz, bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de la Laguna.
