El Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna aborda un asunto de falsedad en documento público por el que está acusado un policía local del municipio. El motivo es que sancionó a un ciudadano por el mal estacionamiento de un turismo. El conflicto se produce por que el denunciado ni es el propietario de ese coche, ni lo conducía cuando ocurrieron los hechos ni se hallaba en el lugar en el momento de la infracción administrativa. Es decir, según el vecino multado, el funcionario no verificó quién era el dueño de ese automóvil ni quién lo aparcó mal.

Todo comenzó en octubre de 2017 con un hecho previo. El agente de la Policía Local de La Laguna formuló propuesta de sanción a un vecino, de profesión guardia civil de Tráfico, que aparcó mal su moto particular en la avenida Leonardo Torriani (la antigua Calvo Sotelo). El denunciado reconoció que había estacionado de forma incorrecta, aceptó los hechos y pagó la multa días después, como era su obligación. Cuando le ponían esa sanción, el guardia civil se identificó como tal para explicarle a los agentes locales que se conoce bien la normativa por su profesión.

Pero el verdadero problema empezó tres semanas después. Entonces recibió una carta del departamento de multas y sanciones del Ayuntamiento de La Laguna. Cuando la abrió, el guardia civil de Tráfico comprobó que había sido denunciado por haber aparcado sobre un paso de peatones un Mercedes clase B en la calle Manuel de Ossuna, en el casco histórico de la ciudad, el 26 de octubre a las 16:40 horas.

En un primer momento, el afectado pensó que se había traspapelado la multa inicial y decidió ir a aclarar el supuesto "malentendido". Y se percató de que había sido multado por el mismo agente que lo hizo semanas antes en la avenida Leonardo Torriani. Una vez en el área de Negociado de Sanciones, el afectado expuso que tenía que haberse producido un error, ya que el Mercedes clase B no es suyo, ni de un familiar, ni nunca lo había conducido. Sin embargo, el personal le aclaró que, en principio, no se había producido error alguno, por lo que le sacó el boletín de la multa.

En ese momento, el ciudadano pensó que el policía local se había inventado la sanción y presentó un pliego de alegaciones, con el argumento de que tenía que haber algún error. Pero la respuesta del agente municipal fue que su actuación había sido correcta.

Denuncia. Ante esa realidad, el vecino y miembro del Instituto Armado decidió presentar una denuncia en un Juzgado de La Laguna, donde volvió a explicar los argumentos ya citados.

Supuestamente, el policía local explicó en sede judicial que no fue él quien rellenó el boletín, sino el personal del Negociado de Sanciones. Sin embargo, trabajadores de dicho departamento señalaron al referido policía local como el autor del escrito en todos sus extremos.

Pasado el tiempo, el Ministerio Fiscal solicitó la realización de dos pruebas, como el certificado del negociado de multas para saber quién rellenó la denuncia y la prueba caligráfica al investigado.

El Juzgado de Instrucción número 4 emitió un auto el pasado 18 de julio de este año en el que se afirma que se desprende "que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un presunto delito de falsedad en documento público", contemplado en los artículos 14.3 y 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

En dicho documento judicial, al que ha tenido acceso EL DÍA, se asegura que "el escrito de la propuesta de sanción es rellenado por el agente en su totalidad, como se puede apreciar por el tipo de letra, con todos los datos del denunciante". Además, se indica que "cabe apreciar que se expone que el señor (€) no firma por estar ausente"; "por lo tanto no es cierto que el agente se limita a poner el vehículo y el negociado rellena el resto de datos".

En el auto, la magistrada señala que, tras la presentación de las alegaciones, "el investigado (el agente municipal) podría haberse disculpado tras comprobar que el vehículo no era de su titularidad (del guardia civil de Tráfico) y además no podía comprobar que era el usuario, puesto que estaba ausente". Y el policía local no revisó la documentación del coche para verificar los datos. Pero, aún así, respondió al vecino que sus alegaciones no ofrecen argumentos coherentes.

Además, en el DNI del denunciado figura una dirección en Las Palmas de Gran Canaria y, sin embargo, el agente municipal rellena el boletín con la dirección actualizada del ciudadano, es decir, unos datos que únicamente podía conocer de la multa que le puso en primer lugar de forma correcta por la moto mal estacionada.

El día de los hechos, a las 14:15 horas, el sancionado regresó de un viaje a Sevilla por el aeropuerto Tenerife Norte. En el auto se refleja que, "ya, por lo pronto, resultaba bastante ajustado que le hubiera dado tiempo para dejar un vehículo en un paso de peatones en la calle Manuel de Ossuna, en La Laguna, pero es que, además, el vehículo indebidamente estacionado pertenece a una tercera persona".