Un trabajador de la prisión lanzaroteña de Tahíche sufrió durante la tarde del pasado lunes lesiones de diversa consideración, después de su intento de mediar en una pelea multitudinaria que se produjo en el citado centro penitenciario.

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip)-UGT, sección sindical en el centro penitenciario de Tahíche, denunció ayer los hechos ocurridos en torno a las 17.30 horas del pasado lunes.

Según la sección sindical, los funcionarios trataron de separar a los internos que se estaban viendo involucrados en una pelea en el módulo tres, "donde vuelas mesas y sillas".

Ante el estado de alteración que presentaban muchos internos, se procedió a trasladar a algunos de ellos a aislamiento. Cuando se procedía a la reducción de uno de ellos, éste forcejeó y tiró al suelo al funcionario. En ese momento, el trabajador se vio rodeado y golpeados por otros presos, lo que le provocó lesiones de distinta consideración.

Como consecuencia de estos hechos, varios internos tuvieron también que ser atendidos en la enfermería del centro penitenciario, mostrando distintas lesiones como rotura de nariz, varias brechas y moratones.

Por ello, Acaip destacó, a través de una nota, que "la acuciante falta de personal de vigilancia que sufrimos en esta prisión de Tahíche, lo que provoca graves problemas de seguridad para el personal penitenciario, así como para los internos".

Por su parte la asociación Tu abandono me puede matar, que agrupa a la mayoría de trabajadores del mencionado centro penitenciario de Lanzarote, mostró su consternación por este suceso en el que "un funcionario fue derribado y fue salvajemente agredido, recibiendo múltiples golpes y patadas que le provocaron heridas que requirieron asistencia médica".

A juicio de este colectivo, "la dirección de esta cárcel ha mostrado, una vez más, incapaz de dar solución a la confictividad del centro, y dado que se ha producido un relevo recientemente, nos hace pensar que el verdadero problema radica en las políticas ordenadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, cada vez más desconectadas de la realidad que se vive en los centros diariamente".