El conocido como caso Catastro, que ya fue juzgado en febrero del pasado año por los magistrados de la sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, regresa a los tribunales hoy, lunes. A pesar de que los 11 investigados fueron absueltos al término del procedimiento, que quedó archivado por falta de pruebas, el asunto volverá al mismo órgano judicial, aunque en esta ocasión se juzgará la pieza separada número 1 que se abrió a instancias del Ministerio Fiscal al inicio de la vista oral del año pasado después de que uno de los acusados no asistiera al juicio a pesar de habérsele notificado su obligación de comparecer ante el tribunal juzgador.
Dicha pieza separada, por la que se dictó una orden de busca y captura para Alberto Jesús D. M. seguirá, a todas luces, el mismo camino que la pieza principal, es decir su archivo, máxime cuando el imputado que comparece hoy y mañana, según las fechas del señalamiento judicial, no fue ninguno de los principales investigados en la causa.
A Alberto Jesús D. M. se le imputa por la presunta comisión de un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos en concurso medial con un delito de cohecho, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso El Día.
En dicho escrito, y como ya hiciera el Ministerio Público con el resto de los procesados en su momento por los respectivo delitos que presuntamente habían cometido, reclama una pena de seis años de prisión así como la accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio de derecho a sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Asimismo, interesa que se le imponga 24 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros así como inhabilitación para empleo o cargo público relacionado con la gestión catastral o inmobiliaria durante 12 años.
Fallo absolutorio
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife comunicó en abril de 2018 la sentencia absolutoria para los 11 encausados en el caso Catastro, debido a que "las pruebas aportadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado carecen de la consistencia necesaria para considerar como probada la comisión de actividad delictiva alguna". El fiasco causó sorpresa entonces pues ambas acusaciones públicas pedían elevadas penas de prisión e inhabilitación, reclamando para los dos principales sospechosos seis años de cárcel para cada uno.
