Delitos en móviles de ‘doble fondo’

Los investigadores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen claro que están en una carrera en la que los miembros de los grupos de crimen organizado utilizan todos los medios posibles y, por supuesto, las nuevas tecnologías para tratar de escabullirse, obtener grandes beneficios ilícitos y no pagar por ello.

Y entre las amenazas y riesgos que contemplan los agentes en el presente y el futuro inmediato figuran el posible uso de herramientas como ChatGPT y la Inteligencia Artificial por parte de organizaciones criminales, sobre todo en materia de cibercrimen; las operaciones con criptomonedas, la utilización para operar de determinados países donde no se pagan impuestos, como Emiratos Árabes Unidos (EAU) o el empoderamiento de traficantes de drogas que utilizan métodos muy violentos para imponer su Ley en barrios, ciudades o regiones de algunos países europeos y que nadie les frene.

Estos son los casos de la denominada Mocro Mafia (mafia marroquí) en Países Bajos o Bélgica, así como la importante lucha de bandas que se registra en Suecia, que en los últimos años ha provocado un significativo aumento de los asesinatos en ese estado.

Así se expuso en una ponencia del inspector Carlos Baute, jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, durante las jornadas Los desafíos a la Seguridad en un mundo en transición, que se celebraron en la sede en Tenerife de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

Pero existen otros retos a los que se enfrentan los policías. Ante la apuesta económica que las organizaciones criminales realizan para garantizar la seguridad máxima de sus comunicaciones, se debería producir una inversión suficiente de los gobiernos para acceder a los servidores de las plataformas encriptadas.

Baute mencionó en su exposición el caso de EncroChat y lo definió como «un logro policial y judicial de Paises Bajos y Francia, en colaboración con Europol y Eurojust, que permitió desmantelar el sistema de comunicaciones encriptadas» que muchos grupos de crimen organizado utilizaban «para sus negocios».

EncroChat era una red de comunicaciones y un proveedor de servicio usado por miembros de grupos de delincuentes para planear actividades criminales. En junio y julio de 2020, investigadores franceses y de Países Bajos se infiltraron en dicho sistema durante una operación que abarcó toda Europa. Estaba disponible para dispositivos de Android que tuvieran inutilizadas sus funciones de GPS (localización por satélite), cámara y micrófono.

Los dispositivos costaban 1.000 euros cada uno y después se debía pagar otros 1.500 por un contrato de seis meses para pertenecer al servicio. En julio de 2020, contaba con 10.000 usuarios sólo en el Reino Unido, según una noticia en los informativos de la BBC firmada por Danny Shaw, que hablaba de centenares de arrestados al desmantelarse una red criminal de dichas características.

EncroChat permitía tener dos sistemas operativos en el móvil. Uno era el que servía para las comunicaciones legales y otro para las acciones delictivas. Poseía un botón de pánico, por el que si se introducía un número PIN a través de la pantalla de desbloqueo se borrarían todos los datos del teléfono. Su existencia fue descubierta por la Gendarmería de Francia en 2017.

Gracias a esa labor sobre EncroChat, hubo 6.658 detenidos, se intervinieron 270,2 toneladas de droga, se inmovilizaron 900 millones de euros y se pudieron intervenir 271 propiedades, 923 armas de fuego, 83 embarcaciones, 40 aviones y 971 coches.

Y otras comunicaciones encriptadas se hallan, por ejemplo, en los ya conocidos teléfonos de conexión vía satélite, o bien mediante aplicaciones como Signal, Telegram o Silent, entre otras.

Pero, además de la tecnología, también está el factor humano. Según señaló el inspector Baute, los grupos criminales no paran en su objetivo para corromper a funcionarios, con el objetivo de que trabajen para ellos y les proporcionen información privilegiada. Buscan, sobre todo, a funcionarios de la Administración de Justicia, policías, agentes aduaneros o estibadores, entre otros.

De hecho, en los últimos años ha habido un incremento en el número de asuntos investigados por las unidades de Asuntos Internos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Resulta obvio que el crimen organizado tiene un fuerte carácter transnacional, por lo que para los investigadores la cooperación internacional resulta clave. El jefe de la Udyco en Santa Cruz de Tenerife recordó que esa colaboración se desarrolla con las oficinas nacionales de entidades como Interpol, Europol y Sirene; con los oficiales de enlace en los países de origen en el envío de drogas (Colombia, Brasil, Argentina o Marruecos, por ejemplo); con agencias como la DEA de Estados Unidos y la NCA del Reino Unido, así como con centros de coordinación marítima en el Caribe, el Atlántico y el Mediterráneo, que son órganos policiales conjuntos en materia de crimen organizado transnacional por vía marítima.

Como es sabido, los grandes flujos de tráfico principal de cocaína se dirigen, por una parte, hacia Estados Unidos y, en menor medida, a Canadá, y, sobre todo, hacia Europa. Los países mencionados con más frecuencia en la procedencia de las drogas intervenidas son todos los latinoamericanos, con muy pocas excepciones, como Uruguay, así como España, Países Bajos y Bélgica (estos dos últimos tienen en los puertos de Rotterdam y Amberes dos de los grandes polos de introducción).

En opinión del inspector Baute, resulta necesario mejorar los mencanismos de detección y control de rutas procedentes de Latinoamérica, Norte de África y Mediterráneo, así como potenciar el intercambio de información e inteligencia entre España, como lugar de tránsito y destino, y los países productores de cocaína y hachís.

Según recordó el mando de la Policía Nacional, Canarias se ha erigido como plataforma del crimen organizado vinculado al narcotráfico, sobre todo de origen británico y de Europa del Este, por ser un lugar idóneo para organizar el tráfico ilegal de cocaína hacia Europa. Y, de forma paralela, los narcotraficantes marroquíes cambian sus procedimientos y rutas del hachís hacia Fuerteventura.

La introducción de drogas en España y Europa se efectúa a través de diferentes tipos de barcos, como veleros, pesqueros y palangreros, semisumergibles, contenedores de mercancías (con los procedimientos de gancho ciego o en los aparatos de refrigeración, entre otros) o en los mercantes (en bodegas, camarotes, el depósito del ancla o el sistema de refrigeración, por ejemplo).

En cuanto a las amenazas y riesgos relacionadas directamente con los estupefacientes, planteó la continua incautación de narcosubmarinos y la detección de astilleros caseros en Colombia; la expansión del mercado a otras zonas geográficas, como Asia y África en busca de unos mayores ingresos, así como la introducción del Fentanilo, una droga considerada más fuerte, más barata y que se produce de manera más fácil, lo que contribuye a un mayor margen de ganancia.

En estos momentos, algunas tendencias del consumo son la denominada cocaína rosa, cuyo precio por gramo puede oscilar entre los 80 y los 100 euros, o el Rosin, que está integrado en más de un 60 por ciento por THC.

La estrategia nacional contra el crimen organizado y los delitos graves en el periodo entre 2019 y 2023 considera que los principales riesgos que afectan a la seguridad del país son las organizaciones criminales, el terrorismo, los conflictos armados o el espionaje. Esta directriz contiene diez ejes de trabajo y algunos de ellos son la necesidad de neutralizar la economía del crimen organizado, la inteligencia para prevenir o anticipar acciones; la cooperación internacional; elaboración y adaptación de leyes (con testigos protegidos, agentes encubiertos o la figura del colaborador habitual) y la lucha contra la distribución de estupefacientes a gran escala, la corrupción, blanqueo de capitales, cibercrimen, así como la trata de seres humanos y el abuso de los migrantes.