Una traba burocrática impide recibir ayudas a dos niñas ucranianas de 12 y 14 años residentes en el sur de Tenerife. Ambas viven con su abuela, Laryza, de 65 años, que se nacionalizó como española hace 23 y que en la actualidad reside en la localidad de San Isidro.
A causa de la invasión de su país se ha hecho cargo de dos nietas, pese a que su situación económica es muy precaria. Apenas cuenta con una pensión por incapacidad de 600 euros, de los que casi la mitad se van en pagar la hipoteca y el resto en mantener a la familia.
Una de sus nietas llegó a España en plena pandemia de la covid-19 porque tenía un problema de salud y la segunda está en Tenerife desde el pasado marzo para refugiarse de la guerra que se libra en su país.
En principio no hubo problemas para que las menores fueran aceptadas por un colegio y un instituto y se les otorgara la tarjeta para refugiadas.
Pero desde hace meses se han visto ante la imposibilidad de que las niñas puedan abrir una cuenta bancaria propia, requisito que les imponen continuamente para recibir cualquier tipo de ayudas.
La dificultad surge cuando les exigen la firma del padre o de la madre porque no sirve el poder otorgado por la madre a la abuela desde Ucrania y traducido al español por el que se hizo cargo de las nietas.
El padre, que es médico, ha tenido que salir de Ucrania, y la madre sobrevive como puede en un país en guerra y le resulta muy difícil, por no decir imposible, ponerse en contacto con la abuela. La ciudad en la que reside, Vinnytsia, solo dispone de dos horas al día de electricidad.
Laryza agradece a su entorno, a la asistenta social o a la directora del colegio, el apoyo que les están ofreciendo, pero aún así confiesa a EFE que está muy preocupada por su situación.
Ahora parece que recibirá una ayuda de 200 euros que el Gobierno otorga a los refugiados. Desde hace meses la mujer no ha parado de moverse para intentar salir del laberinto burocrático en el que se encuentra.
La nieta de menor edad come en el colegio pero la mayor no puede desayunar en el instituto porque cuando la abuela hizo los trámites ya no quedaban plazas.
El abogado Plácido Alonso Peña conoció el problema de casualidad mientras estaba haciendo gestiones en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona.
Allí la mujer le contó lo que le está ocurriendo durante los últimos ocho meses. "Me he involucrado por casualidad y por supuesto sin cobrarles nada", indica a EFE.
Una solución sería poner el asunto en manos de un abogado, pero estos trámites podrían alargarse durante casi un año. Solo entonces sería posible abrir una cuenta a nombre de las menores por orden judicial.
El letrado empezará desde el lunes a realizar gestiones y a ponerse en contacto con Cruz Roja, entidades bancarias, Ayuntamiento y las instituciones que sean necesarias para intentar encontrar una salida a algo tan básico como contar con una cuenta corriente.
La abuela dispone de una, pero no le permiten incluir también a sus nietas. Alonso Fumero no acaba de comprender el porqué de tanto requisito cuando se está ante una situación de "extrema necesidad".
El abogado cree que "es muy lamentable y resulta muy triste ver cómo esta mujer tiene que enfrentarse a los problemas del día a día".
