El fiscal Jaime Serrano-Jover González fue nombrado nuevo fiscal delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, según la información transmitida ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Durante años ha ido acumulando experiencia en la lucha contra la corrupción en la administración pública, tanto con la realización de cursos especializados en la materia como con la investigación de supuestos delitos en instituciones de Tenerife.
Serrano-Jover sustituye en el puesto a la anterior delegada del Ministerio Público en el ámbito de la Corrupción y la Criminalidad Organizada, María Farnés Martínez Frigola, que en la actualidad ocupa el cargo de fiscal Superior de Canarias. El nombramiento se produce tras el decreto firmado por la Fiscalía del Estado el pasado 18 de octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado miércoles. El 5 de octubre entró en la Fiscalía General del Estado un escrito de la entonces fiscal jefe de la provincia, María Farnés Martínez Frigola, en el que proponía el nombramiento de Jaime Serrano-Jover para tal puesto.
La oferta de la plaza fue comunicada a todos los fiscales, pero el único solicitante fue él. Serrano-Jover se licenció en Derecho en la Universidad San Pablo C.E.U. en 1998. En mayo del 2003 aprobó la oposición de acceso a la Carrera Judicial y Fiscal y se decantó por esta última. Posee formación específica, gracias a cursos como Delincuencia urbanística: perspectiva transversal; Corrupción política/pública: delitos contra la administración pública; Corrupción urbanística en España: aspectos penales y administrativos; Contratación administrativa y delitos cometidos por funcionarios públicos, o Especialidad de delitos económicos: objeto, contenido y ámbito de actuación.
En abril del 2004 fue destinado al destacamento de la Fiscalía de Santa Cruz de La Palma, donde ejerce como fiscal coordinador. Y un año más tarde llegó a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En enero del 2008 asciende a la categoría de fiscal. Entre marzo del 2009 y febrero del 2010 estuvo adscrito a la sección de Extranjería. Desde diciembre del 2011 trabajó en la Fiscalía para la Prevención de delitos relacionados con la corrupción. A partir del 2015 desarrolló su labor en la sección de Medio Ambiente y Urbanismo. Hasta marzo del 2020 estuvo adscrito al Servicio Civil, mientras que desde el pasado año compagina la especialidad de Medio Ambiente y Urbanismo con la sección de Anticorrupción.
El nuevo delegado contra la Corrupción en Santa Cruz de Tenerife participó en septiembre en el Foro del Parlamento de Canarias titulado Justicia: retos y desafíos, donde disertó sobre el Estatuto fiscal. Hace varios años realizó la labor de acusación pública por un delito de prevaricación contra un exalcalde del municipio de Candelaria, Gumersindo García, y un exedil de Urbanismo, Domingo Ramos, por la adjudicación sin concurso a una sociedad del empresario Antonio Plasencia las obras de reforma de varias instalaciones del campo de fútbol del núcleo de Barranco Hondo. Dichos trabajos generaron un coste total de 243.000 euros para el citado ayuntamiento sureño. Jaime Serrano-Jover también desarrolló la acusación por prevaricación contra un exalcalde del municipio de Arona, José Alberto González Reverón, y un exedil de Urbanismo, Antonio Sosa, en el caso de las obras de reforma realizadas en el establecimiento hotelero Sir Anthony, en Playa de las Américas, para las que supuestamente no hubo permiso de obra mayor.
Además, ha impartido clases a policías locales y agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) en las instalaciones de formación que la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario posee en el barrio santacrucero de Añaza.
Hace años participó en unas jornadas sobre el uso de armas de fuego por parte de miembros de los cuerpos de seguridad, donde en su intervención explicó las cuestiones legales en el uso de la fuerza durante la intervención policial.
En el 2014 firmó un oficio en el que reconocía la existencia de irregularidades en el padrón de Santa Cruz de Tenerife, donde supuestamente figuraban 15.000 registrados que o bien no existían, o bien residían en otros municipios. Y decidió el archivo de la denuncia. Aseguró que se comprobaron las citadas irregularidades, pero no fue posible apreciar responsabilidad criminal por esos hechos, en la medida en que no se podía saber, con la precisión que exige el Derecho Penal, la autoría de los mismos.
