Después de haber superado lo más grave de la pandemia del coronavirus, las aulas canarias se enfrentan ahora al reto de implantar la nueva ley de educación, la Lomloe. Los sindicatos realizan balance de los últimos meses y celebran que se haya podido hacer frente a la crisis sanitaria y eso haya introducido cambios positivos para el sector, como el aumento de las plantillas de profesores, que parece que ha llegado para quedarse. Sin embargo, la vista se fija ahora en los cambios que traerá aparejada la nueva ley de educación, cuyos currículos tendrán que comenzarse a implantar a partir del próximo curso y alrededor de los cuales aún existe una gran incertidumbre.
Tanto la nueva Ley de Formación Profesional (FP) como la Lomloe llevan aparejadas un desarrollo normativo que va a afectar al desarrollo del próximo curso. «Hemos observado cómo la Administración educativa ha tenido que ir cambiando de postura en determinados temas, como el asunto de la Geografía e Historia de Canarias o la formación básica inicial en los centros de adultos, por falta de debate previo debido a las prisas para poder disponer a tiempo de los nuevos currículos, pero se comenzará el curso 2022/2023 sin contar con la totalidad de ellos», lamenta el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Ramón Barroso. «Aún no se sabe nada a ciencia cierta por lo que se llega tarde y se producirán efectos negativos en el inicio del próximo curso», concluye.
ANPE Canarias muestra su «decepción» con la implantación de las nuevas leyes educativas puesto que no se ha formado adecuadamente al profesorado. En el caso de la ley de FP, el presidente del sindicato en Canarias, Pedro Crespo, explica que «llega sin que se hayan resuelto los problemas estructurales que afectan a estas enseñanzas, entre los que destacan la falta de recursos materiales, la ponderación de horarios y las dificultades de los centros no integrados para recibir donaciones de material de empresas».
Dentro de la confección de los nuevos currículos, el secretario nacional de STEC-IC, Gerardo Rodríguez, celebra el cambio de opinión que se produjo en el caso de la asignatura de Geografía e Historia de Canarias porque «es una materia que trasciende lo puramente académico», pero recuerda que «existen otras materias que tienen la misma importancia en la educación de los jóvenes de las Islas y que deben tener su asiento en el currículo».
En cualquier caso, los sindicatos docentes celebran la decisión de la Consejería de Educación de trabajar en el aumento de las plantillas de docentes, lo que permitirá disminuir las ratios alumno-profesor, una demanda histórica del sector. Canarias contará con más de 1.600 nuevos docentes el próximo curso escolar, que se vienen a unir a los 1.016 que ya se incorporaron a los centros educativos a comienzos del presente curso, lo que ha permitido, además, pasar de las 25 horas semanales actuales a 23 para mejorar las condiciones de trabajo en Primaria.
Sin embargo, todas las organizaciones sindicales lamentan la gran carga burocrática que sufren los docentes en Canarias y que, lejos de reducirse, continúa aumentando, lo que va en detrimento de su verdadera función, la enseñanza, y, por tanto, de la calidad educativa y la formación del alumnado. En este sentido, insisten en que es urgente liberar al profesorado de la tarea de gestionar las ayudas y becas de otras administraciones. Por otro lado, también denuncian dificultades para obtener el máster por parte de docentes en activo y futuros docentes puesto que es necesario que la Administración educativa medie con las universidades para que oferten el próximo curso el máximo número de plazas, también en modalidades semipresenciales y a distancia, para los docentes que no están en las islas capitalinas.
Además, lamentan el retroceso que se ha producido este curso en el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación, que establece que se ha de destinar al menos el 5% del PIB regional a la educación pública, pese a lo que se ha bajado del 4,55 al 4,29%. Mientras que CCOO recuerda que algunas de las acciones necesarias para mejorar la educación en Canarias no suponen un incremento en la inversión, no alcanzar este 5% «continúa lastrando la mejora del sistema educativo canario». Además, STEC-IC recalca que entre los más de mil centros en los que trabajan unos 32.000 docentes y estudian unos 370.000 alumnos sigue habiendo algunos con más de 40 años de antigüedad, barracones, cubiertas de amianto y ausencia de accesibilidad para personas con movilidad reducida, así como canchas deterioradas y bibliotecas con falta de fondos.
Otra cuestión que preocupa los sindicatos es el concurso de méritos que ha de convocarse para cubrir las 4.333 plazas de la oferta pública de empleo puesto que en algunos casos pone en peligro el trabajo de los profesores de las Islas ya que son trabajadores que llevan desempeñando labores docentes desde hace 15 años en las islas pero que a las que el nuevo sistema perjudica.
También valoran la puesta en marcha del Plan estratégico para el Primer Ciclo de Educación Infantil en Canarias de 0-3 años pero afirman que llega tarde.
