Cerca del 30 por ciento de la población de Canarias, unas 630.000 personas, se encuentra en situación de exclusión social y unas 300.000 se hallan en exclusión severa. De estas últimas, unas 125.000 viven en una realidad crítica, es decir, han sido "expulsadas de la sociedad", en palabras del Papa Francisco, y no encuentran vías para salir de esas circunstancias. El volumen de quienes han entrado en el colectivo de los más frágiles ha crecido en los dos últimos años un 15 por ciento. Así se desprende del informe Foessa presentado en la mañana de este jueves por Cáritas en el Archipiélago, donde los responsables del estudio ratifican que los efectos del covid-19 en la realidad socioeconómica de las islas han sido devastadores.
Uno de los datos más reveladores de la supuesta falta de sensibilidad de algunas administraciones con las personas que menos recursos, conocimientos y capacidades tienen lo expuso el director de Cáritas Diocesana de la provincia de Las Palmas, Gonzalo Marrero. De los 630.000 ciudadanos en desventaja recogidos en el mencionado informe, tan solo el 15% accede al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Para Marrero, un posible motivo importante de ese reducido porcentaje de solicitudes se debe a que para plantear la petición hace falta descargar una aplicación (app) y rellenarla. Y, de forma paralela, en las Islas un 30 por ciento de los ciudadanos no tiene conexión a internet. Y muchos de ellos figuran en el listado de los más vulnerables.
En el acto de presetación estuvieron el obispo de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez; su homólogo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos; el director de Cáritas Diocesana de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Juan Rognoni; su homólogo en la de Las Palmas, Gonzalo Marrero, y Daniel Rodríguez de Blas, técnico de la Fundación Foessa y coordinador del Informe.
Para explicar la situación, Rodríguez de Blas hizo un símil entre el hundimiento del Titanic y la afección de la actual crisis económica tras el covid-19 y ahora la invasión de Ucrania. Y así aseguró que la actual situación "a todos nos afecta, pero no de la misma manera". Es decir, que los más vulnerables son quienes cargan con las peores consecuencias.
Aclaró que la pobreza refleja la falta de ingresos económicos o de suficientes entradas de dinero, pero la exclusión social abarca más factores de dificultades, como la carencia de empleo, la salud, la posibilidad de participación política o la disponibilidad de vivienda, entre otros.
Para Rodríguez de Blas, cuando las personas entran en una situación de exclusión severa, después muy pocas de ellas logran salir de la misma una vez que llega la época de bonanza económica.
Rodríguez de Blas también se refirió a la llamada "brecha digital", por el que las familias carecen de dispositivos adecuados, de conexión a internet o de conocimientos para poder realizar numerosos trámites que les pueden beneficiar de una u otra manera, con lo que pierden oportunidades de acceder a empleos o ayudas públicas.
Para el coordinador del estudio, también existen otras "brechas", vinculadas al género, la nacionalidad o la edad. En primer lugar, aseguró que la exclusión social "se feminiza aún más" desde marzo del 2019. Un 28% de los hogares en que la mujer es la principal fuente de ingresos económicos se halla en exclusión social, frente al 22% de aquellos donde es el hombre quien ocupa el rol de llevar dinero a casa. Rodríguez de Blas lamentó que esta realidad no entra en los debates políticos y mediáticos más frecuentes.
El técnico de Foessa también hizo mención a que ser inmigrante es otro factor potencial para formar parte del colectivo en exclusión social. Los casos de familias procedentes de otros países que tienen dificultades duplica a los de las españolas.
Y el tercer elemento que influye es ser joven. Uno de cada tres ciudadanos jóvenes de menos de 29 años no puede hacer una adecuada transición a la vida adulta. A este fenómeno contribuyen realidades como la falta de empleo o la temporalidad y precariedad del mismo.
Otro elemento de "penalización", explicó Rodríguez de Blas, es tener niños o adolescentes en casa. Un 35 por ciento de los hogares con menores están en situación de exclusión social, frente a un 17% de aquellos en los que solo hay adultos.
Desempleo
Según el informe Foessa, tras la pandemia, la temporalidad se ha triplicado en el Archipiélago. Es decir, aumentan los casos en que la única persona que trabaja de la familia puede estar tres o cuatro meses al año sin empleo, o bien haber pasado por más de tres empresas en apenas doce meses. Para el coordinador del estudio, de esa manera se impide a dichas personas "desarrollar proyectos vitales".
En base al trabajo encargado por Cáritas, realizado entre 600 familias del Archipiélago, más de 180.000 personas han tenido que abandonar sus tratamientos o la compra de medicamentos por falta de recursos económicos.
Y otro de los elementos en los que incide el estudio es la salud mental. En Canarias, afirmó Daniel Rodríguez, las personas con algún tipo de patología psíquica se han multiplicado por cuatro y ya suponen el 19 por ciento de la población.
Los datos recabados reflejan que, una vez que pagan el alquiler de la vivienda o la hipoteca, unas 165.000 personas en el Archipiélago se quedan en "pobreza severa", lo cual "requiere de una amplia reflexión" apuntó el técnico.
También insistió en que ya no se puede hablar de la pasividad de las personas en exclusión y su falta de interés por buscar empleo o mejorar su formación una vez que obtienen algún tipo de ayuda pública. El coordinador del informe habla que en un 80 por ciento de los casos, dichos ciudadanos se hallan en una dinámica laboral, de formación o con algún tipo de vínculo con las organizaciones el tercer sector. Pero advirtió de que los mismos "no pueden ser héroes por más tiempo".
El obispo Bernardo Álvarez destacó la importancia de que los citados datos despierten la sensibilidad y la conciencia de los ciudadanos para salir en ayuda de los más necesitados, junto a instituciones, empresas o administraciones públicas.
Y recordó las palabras del Papa Francisco, que habla del "engreimiento" de quienes disfrutan de unas condiciones de vida dignas e ignoran a los más necesitados.
Según José Mazuelos, "el covid ha hecho estragos en nuestra sociedad" y recordó que casi toda la economía en Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura depende del turismo, que sufrió un paro del 100 por ciento durante varios meses. Aunque no se queja de las aportaciones hechas hasta ahora por las administraciones públicas, Mazuelos apuntó que "queda mucho por hacer y aportar", a la vez que invitó a los políticos a trabajar por "el bien común".
