“Hemos duplicado la ayuda. Aun con los ERTE, los ingresos de las familias son los que son y los gastos son muchos; y de hecho estamos atendiendo a personas que nunca habían recurrido a los servicios sociales”. José Manuel Alfonso, presidente en Canarias de Mensajeros de la Paz –la institución fundada en 1962 por el sacerdote español Ángel García Rodríguez–, resume así la crisis social que azota las Islas. En una Comunidad Autónoma que ya padecía las tasas de pobreza y exclusión más altas del país antes de la irrupción del coronavirus, ahora la pandemia amenaza con causar una fractura social sin precedentes. No en vano, la paralización económica a raíz del cero turístico y de las medidas para contener el avance del virus ha sumido en la pobreza a 51.400 canarios. Con ellos ya son casi 700.000 los isleños que viven o sobreviven bajo el límite de la pobreza relativa, es decir, que no cuentan con los recursos que el resto de la sociedad da por sentados. Que no cuentan, en definitiva, con los ingresos mínimos para no pasar estrecheces. Cerca de 700.000 personas en una sociedad que apenas supera los 2,2 millones de habitantes. “Esto es un hundimiento”, sentencia Luis Febles, presidente de la ONG Sonrisas Canarias.
Otra oenegé, Oxfam Intermón –que coopera para el desarrollo socioeconómico en hasta 41 países–, apunta que el Archipiélago es, junto con Andalucía, la Comunidad Autónoma en que más ha crecido la desigualdad desde el estallido de la pandemia en marzo del año pasado. Es decir, donde más se ha agrandado la brecha entre quienes tienen mayores y menores ingresos. En su informe Superar la pandemia y reducir la desigualdad. Cómo hacer frente a la crisis sin repetir errores, Oxfam compara la tasa de pobreza relativa antes de la aparición de la Covid-19 con la que en estos momentos soportan cada una de las regiones del país. En el caso de las Islas, la organización no gubernamental calcula que las 624.362 personas que estaban en situación de pobreza relativa antes de la pandemia ya llegan a 675.760. Así pues, el virus y la parálisis económica han llevado a una situación límite a otros 51.398 canarios. Dicho de otro modo: la población isleña pobre ha pasado de representar un 28,12% del total de habitantes a superar el 30% –exactamente 30,43%–. Su peso se ha incrementado así en 2,3 puntos. En todos los casos se trata de personas con ingresos inferiores al 60% de la mediana, o lo que es lo mismo: que viven con menos de 8.739 euros al año.
A tenor de estas cifras, no extraña que las oenegés y demás entidades sociales estén soportando una presión sin precedentes. Ni siquiera comparable con la que sufrieron tras el crac financiero de finales de 2007 y los siete largos años –de 2008 a 2014– que duró aquella crisis. En Sonrisas Canarias, una de las varias organizaciones de ayuda social inscritas en el registro del Gobierno autonómico, el número de personas atendidas aumentó el año pasado un 44%. Y siguió creciendo en el primer mes de 2021, explica su presidente, que hace hincapié en que la gravedad de la crisis ha llegado a tal punto que no vislumbran una salida a corto plazo: “No esperamos mejorar en estos primeros meses del año”. “Es terrible, un hundimiento”, insiste Luis Febles.
Para hacerse una idea de hasta qué punto es difícil la coyuntura que atraviesa el Archipiélago basta con comparar su situación con la del conjunto del Estado. El informe de Oxfam Intermón hizo saltar las alarmas días atrás al cifrar en un millón las personas a las que el coronavirus llevó a la pobreza en 2020 en toda España. La pandemia ha elevado así hasta los 10,9 millones el número de españoles que se las ven y se las desean para cubrir sus necesidades. “Esta cifra está por encima de la tasa de pobreza de 2015, la peor de la década, que se situó en el 22,3% de la población”, ahonda la oenegé. En estos momentos la tasa nacional de pobreza llega al 22,95%; y, sin embargo, para sí la quisiera Canarias, donde alcanza el susodicho 30,43%. Casi 7,5 puntos por encima del peor dato que haya registrado el país.
En este contexto, el presidente regional de Mensajeros de la Paz expone que la crisis se percibe con claridad en el incremento del número de personas que piden ayudas para alimentación. Pero no solo ahí. También han tenido que redoblar esfuerzos para ayudar a familias que no pueden dar a sus hijos los recursos necesarios para estudiar en tiempos de pandemia, donde las tabletas y una conexión a Internet en condiciones se han vuelto indispensables. “Se está notando mucho, también porque muchas empresas no han podido seguir ayudando y porque el nivel de implicación de los Gobiernos, que ahora sí es algo mayor, no fue el necesario desde el principio”, ahonda José Manuel Alfonso.
El análisis de Oxfam también se detiene en los distintos niveles de pobreza. La gran mayoría de ese millón de españoles a los que el virus ha convertido en pobres lo son en sentido estricto. Un total de 790.000 han caído en un estado de pobreza no ya relativa, sino severa. Es decir, son personas que sobreviven con ingresos inferiores a 5.826 euros anuales. En este caso, la ONG no desglosa el dato en comunidades autónomas, pero si se extrapola la cifra nacional a la realidad isleña, resulta que unos 40.600 canarios habrían caído en la pobreza severa. “Sin una respuesta adecuada, hay un grave riesgo de que la salida de la crisis profundice y eternice las desigualdades”, avisan desde Oxfam.
El fin de los ERTE, la prueba de fuego
Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor –una fórmula ad hoc para salvar empresas y evitar una masiva destrucción de puestos de trabajo durante la pandemia– han librado de la pobreza a alrededor de 710.000 personas en todo el país, según los cálculos de Oxfam Intermón. Más de 700.000 españoles de los que unos 80.000 son canarios. De los ERTE solo se sale por dos vías: o de vuelta a la empresa o de camino al paro, de ahí que la prueba de fuego para la sociedad isleña se producirá con el fin de este instrumento, que se mantendrá en vigor al menos hasta el 31 de mayo. No en vano, el Archipiélago es, con diferencia, la Comunidad Autónoma que más trabajadores tiene en el limbo de los ERTE, en torno a 100.000, de modo que si el Estado no los prorroga más allá de mayo –cuando ni en el mejor de los casos habrá llegado la ansiada recuperación–, la mayor parte acabará en el desempleo y abocada a vivir en la pobreza. De hecho, muchas de las personas que han tenido que recurrir a las ONG en los últimos meses no están paradas en sentido estricto, sino en ERTE, donde los ingresos son menores e insuficientes en muchos casos.
