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Inmigración

CEAR pone en evidencia una «política migratoria fallida, reactiva y tardía»

El coordinador en las Islas, Juan Carlos Lorenzo, demanda en el Parlamento pasar de las emergencias a las acciones estructurales

Campamento de migrantes en Las Raíces. María Pisaca

El coordinador territorial de CEAR Canarias, Juan Carlos Lorenzo, afirmó esta mañana en la Comisión de Inmigración del Parlamento autonómico que en materia migratoria en los últimos años se ha aplicado una "política errónea, fallida, reactiva y tardía". Criticó que exista esta realidad a pesar de que hace 28 años que el Archipiélago recibe, “con mayor o menor intensidad”, a personas migrantes, aunque desde mediados del 2019 se ha intensificado el fenómeno, con “un nivel de dramatismo insoportable”. Y defendió que su organización apuesta por un modelo más “constructivo” y “de previsión” de las necesidades.

En opinión de Lorenzo, en las islas se ha aplicado una estrategia de "contención y freno" de las personas que llegan en situación irregular por vía marítima desde la costa noroccidental africana. Apuntó que, en parte, los discursos excluyentes, racistas o de odio a los migrantes han calado por la desprotección social que se ha vivido en los últimos años en las islas.

A su juicio, el Plan Canarias (implantado por el Gobierno del Estado desde finales del año 2020 para hacer frente a la masiva llegada de migrantes magrebíes y subsaharianos a las islas) resulta “insuficiente e insostenible”, en la medida en que se puso en marcha ante el vacío de infraestructuras que había en la Comunidad Autónoma para hacer frente al fenómeno. Y, además, a la hora de abrir recintos hubo un desequilibrio, pues se crearon en Tenerife y Gran Canaria, pero no en islas como Lanzarote o Fuerteventura.

“Hace falta una visión alineada y coordinada” de las acciones que se impulsan por parte de las administraciones del Archipiélago, del Estado y de la Unión Europea”, así como una alternativa pública solidaria y transformadora, comenta Lorenzo. Incidió en la importancia de evolucionar de la respuesta de emergencia al establecimiento de acciones estructurales, pero no solo para los africanos que llegan a las Islas, sino también para los ciudadanos latinoamericanos o los europeos que migran hacia Canarias. Según el representante de CEAR Canarias, en casi tres décadas “no hemos aprendido nada o bastante poco”.

También animó a ampliar la perspectiva, para no solo tratar de ayudar o integrar a quienes acaban de llegar en cayucos o pateras a la Comunidad, sino también a quienes llevan años residiendo en el Archipiélago y pueden estar en la misma situación de vulnerabilidad que parte de los canarios autóctonos. “Hay que ver el conjunto, no solo la parte”, señaló Lorenzo.

También lamentó que en Canarias “seamos meros receptores de lo que deciden otros sin participar en la toma de decisiones” a nivel administrativo, tanto en Europa como en el Ejecutivo estatal.

Respecto a la creación de las 7.000 plazas del Plan Canarias, CEAR considera que este modelo “no es sostenible, flexible ni estable”. Juan Carlos Lorenzo comentó que en los macrocentros se produce un deterioro físico y emocional de los migrantes. En ese ámbito, cree necesario que no solo se atiendan las necesidades básicas de alojamiento, comida e higiene, sino que también se establezcan acciones formativas y de integración social. Y lanzó una pregunta a las autoridades: “¿Qué queremos ser?; ¿espacio de frontera o de vecindad?”.

El portavoz del Grupo Mixto por Ciudadanos, Ricardo Fernández de la Puente, recordó el “goteo continuo” en la llegada de migrantes a las islas, algo que no ocurre en otras zonas del territorio nacional. También criticó la falta de solidaridad territorial en España y la Unión Europea ante la presión que sufre el Archipiélago. Para De la Puente, “podemos ser vecinos y frontera”, aunque esto último requiera de más recursos.

Para el diputado de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos Chinea, la UE ha decidido mirar para otro lado en este asunto y que “Canarias se las arregle como pueda”. De forma paralela, señaló que algunos discursos en varios países de la Unión Europea “dan miedo” y propuso que el Parlamento autonómico llegue esta legislatura a un pacto por las migraciones, ya que con la actual composición de la cámara sería aparentemente sencillo. Y dudó de que sea así en la próxima si irrumpe alguna formación con mensajes de odio; algo por lo que se mostró preocupado.

Paco Déniz, de Podemos, advirtió de que, a la hora de valorar los discursos de ocio y racistas, no sólo se debe prestar atención a quien los emite, sino por qué calan en algunos sectores de la población. Desde su punto de vista, el éxito de tales mensajes de “invasión o colonización” no depende solo de quien los lanza, sino de las condiciones socioeconómicas de aquellos que los reciben. E incidió en que quienes aceptan las ideas de xenofobia o racismo consideran que entran en competencia con los migrantes en situación irregular por los recursos económicos escasos en un territorio reducido. Y advirtió de que esto es consecuencia de la extrema vulnerabilidad de una parte de la población canaria.

Luis Campos, de Nueva Canarias, resaltó el valor de la acogida de migrantes en las islas como un factor de enriquecimiento para la sociedad. También criticó que el apoyo que hoy se ofrece a los refugiados ucranianos no se tuviera con los sirios o con los afganos, “que ya no están en la agenda de nadie”.

Fernando Enseñat, del Grupo Popular, afirmó que “tan negativo es el discurso xenófobo como el del buenismo de la inmigración libre”, que “choca” con los argumentos de la limitada capacidad de carga de las islas en materia demográfica. A Enseñat tampoco le parece razonable llamar xenófobo a quien discrepe “del pensamiento único”. Defendió la idea de que la inmigración sea “legal, segura y ordenada”. Señaló que, más que fallida, no existe política migratoria por parte del Estado. Y defendió las acciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que sí actuaba en los países de origen, mientras que ahora se ha convertido a las islas “en un muro” y al Atlántico, “en un cementerio”.

Jana González, del Grupo Nacionalista Canario, recordó que “no es nada fácil” llevar a cabo una política estructural, en la medida en que para ello hacen falta muchos medios y voluntad política. Y preguntó a Lorenzo que cuántas veces se ha reunido el Foro de la Inmigración de Canarias en los últimos dos años y cuántas decisiones se han adoptado en el mismo. Para González, lo que existe es una “plena descoordinación” entre administraciones en materia migratoria, mientras el Tercer Sector (ongs) suple las carencias como puede.

Teresa Cruz Oval, del Grupo Socialista, señaló que su formación también defiende unos movimientos migratorios “regulados, seguros y ordenados”. Y respondió a Enseñat que “el PP no puede sacar pecho de su política migratoria”. Cruz defendió la importancia de que la “corresponsabilidad” de otros territorios para ayudar al Archipiélago en esta materia.

En opinión de Lorenzo, es un error cuantificar la llegada de migrantes para valorar la política de una o varias administraciones, pues se trata de un fenómeno en el que influyen muchas causas, desde la persecución política, las guerras o la extrema pobreza.

También expuso la dificultad de ordenar este proceso en un continente como África, en el que la política de visados resulta casi intexistente, donde no se puede pedir asilo en las embajadas y en el que, a raíz de la pandemia y de la actual crisis económica, ha desaparecido el catálogo de puestos de trabajo de difícil cobertura, por el que se demanda mano de obra en otros países.

Recordó que, en realidad, desde Europa se apuesta por reforzar la seguridad de las fronteras, mediante acuerdos con países como Turquía, Libia o Marruecos, por ejemplo.

Respecto a los grandes centros de acogida, como los de Los Rodeos o Las Canteras, el portavoz de CEAR Canarias indicó que, si existe masificación, poco se puede hacer en materia de integración. Y recordó que, en el lado opuesto, está la labor que se realiza con los menores migrantes no acompañados, que permanecen en viviendas o centros con un número reducido de ellos, lo que facilita su formación e inclusión social.Y en la misma situación se hallan las mujeres, muchas de ellas acompañadas por sus hijos, que residen en recursos donde pueden recibir atención individualizada y especializada. “Se trata de espacios mucho más dignos, cómodos, manejables”, aclaró Lorenzo de Armas.

Explicó que en el 2021 hubo 5.495 solicitudes de asilo, de las que el 60 por ciento se tramitaron en Tenerife. La mayoría de esas peticiones fueron hechas por ciudadanos procedentes de Venezuela y, en menor medida, de personas naturales de Mali, Guinea Conakri o Marruecos, por ejemplo.

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