La Salud Pública en Canarias está "agonizando". Tras varias décadas de infradotación (de recursos humanos y presupuesto), la pandemia ha supuesto la estocada final para una plantilla cansada de ser "la hermana pobre de la Sanidad". Durante el transcurso de la pandemia de coronavirus, a su ingente trabajo diario -al que ya les costaba llegar- se han unido cientos de tareas "urgentes" y necesarias para llevar un control de la covid, como la realización de informes diarios y semanales sobre la evaluación de los indicadores de la pandemia, el seguimiento de los positivos y brotes más grandes, asesoramiento para los colegios o la creación de medidas para frenar los contagios. Y los trabajadores de Salud Pública han realizado todos estos nuevos trámites sin tener ningún refuerzo durante todo un año. Para poder sacarlo adelante han trabajado más, concretamente una media de 12 horas al día durante el último año y medio, y no han descansado nada, pues la mayoría no ha podido disfrutar de sus vacaciones anuales y se han visto obligados a trabajar también sábados y domingos.
La situación ha alcanzado tal límite que muchos trabajadores de la Dirección General han tenido que pedir la baja por "agotamiento o ansiedad". Otros directamente se han jubilado pues la media de edad de la plantilla es "muy alta" - la persona más joven tiene más de 50 años - y el resto, aguanta el chaparrón como puede. Como explican los trabajadores, el área de Salud Pública no es de las más demandadas, de hecho, es todo lo contrario. A los nuevos especialistas no les interesa entrar en este servicio porque las condiciones de trabajo son más precarias que las del resto del Servicio Canario de la Salud (SCS). A modo de ejemplo, Araceli Alemán, que es la jefa de sección de epidemiología de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, explica que "carecemos de guardias y no se nos reconoce la carrera profesional, pese a que todos somos sanitarios". La falta de relevo generacional es tan imperiosa que hasta hace unos años, los trabajadores pensaban que iban a "desaparecer".
Los trabajadores solicitan un aumento de recursos humanos y mejora de medios materiales
Ayer, tras 25 años alertando de esta situación insostenible a las distintas Administraciones que han tenido competencias en Sanidad, los trabajadores se plantaron y comenzaron su reivindicación. Con una pancarta donde dejaban claro sus principales demandas, más de tres decenas de trabajadores salieron a las Ramblas de Santa Cruz bajo la lluvia y el frío a hacer conocer su reivindicación al resto del mundo. Lo hicieron a las puertas del centro donde trabajan, que se encuentra al lado de la Consejería de Sanidad, y la manifestación se repitió también en Gran Canaria, donde el portavoz fue el jefe de epidemiología, Amos García Rojas, la cara más visible del Gobierno de Canarias durante la pandemia.
Aunque la pandemia fue la que hizo más palpables los problemas de Salud Pública, las deficiencias no comenzaron entonces. El equipo lleva más de dos décadas "agonizando" ante la falta de financiación. "Todas las mejoras que les pedíamos nos decían que solo podían hacerlo si tenían coste cero", asegura Alemán. El presupuesto destinado a Salud Pública por parte de la comunidad autónoma ha sido siempre irrisorio. Como ejemplo, en el año 2020 el Gobierno de Canarias presupuestó 300.000 euros para esta unidad, de los casi 3 millones de euros que se iban a destinar al resto, lo que supone un 0,01% del total. "Y casi todo lo destinamos a la compra de vacunas para el calendario vacunal", advierte la afectada. Esta "agónica situación" ha sido comunicada "reiteradamente" tanto a la Consejería de Sanidad como a la dirección del Servicio Canario de la Salud, "que han preferido dedicar sus esfuerzos inversores a otros ámbitos, también necesarios, pero infinitamente más visibles y políticamente más rentables a corto y a medio plazo". En las últimas semanas se han realizado reuniones con ellos y, según los trabajadores, tanto el consejero de Sanidad actual, Blas Trujillo, como el director de Salud Público, José Juan Alemán, entienden la reivindicación. Sin embargo, los trabajadores han llegado a su límite y aseguran no poder seguir en la misma situación.
El presupuesto destinado a Salud Pública supone el 0,01% del total de Sanidad
En todo este tiempo no solo han tenido que han tenido que dedicarse a las tareas necesarias para preservar la salud de la población, como pedir y custodiar las vacunas, desarrollar planes de prevención, gestionar alertas, tomar muestras en las playas, garantizar la seguridad en los mataderos, tramitar expedientes sancionadores, sanidad ambiental y promoción de la salud o hacer seguimiento de la gripe, sino que también se han dedicado a gestionar varias crisis. La de la enfermedad de las vacas locas (2001), la del ébola (2014), las microalgas (2017) y, más recientemente, la de coronavirus (2020). Y mientras, han tenido que asumir cada vez más competencias, respondiendo a necesidades sociales y sanitarias, al incremento de población, a la incorporación de nuevos programas transpuestos desde el ámbito europeo, nacional y la evolución de los autonómicos, asociados todo ello a la congelación de las plantillas desde la última crisis, junto con una reducción de personal, han puesto en una situación límite y al borde del colapso a esta unidad.
Todo ello con una plantilla orgánica de 150 personas cuya Relación de Puestos de Trabajo (RPT) lleva sin actualizarse desde 1996 y que ha sufrido una merma importante debido a las bajas y las jubilaciones. Además, cuando se incorpora nuevo personal lo hace siempre "cedido" desde otras instancias de la Administración sanitaria, lo que no permite consolidar esos puestos dentro de la unidad. "No se sustituye a nadie en ninguna circunstancia, se amortizan plazas, la tasa de reposición de efectivos es nula, y la RPT no solo no se actualiza sino que tampoco se adecua a las necesidades reales para dar cumplimiento a las competencias que la Dirección General de Salud Pública tiene atribuidas para proteger la salud de las personas", insistió la jefa de sección.
Las movilizaciones se mantendrán activas el mes de diciembre los días 3, 10, 17 y 23 y se producirán ante la Dirección General de Salud Pública en Tenerife y la Consejería de Sanidad en Gran Canaria. Los trabajadores pretenden mantenerse en esta posición hasta que se solucione y no descartan tomar más medidas.
